Las aseguradoras rechazan indemnizar a dos policías arrollados por un narco en Algeciras
El Consorcio de Compensación de Seguros se niega a asumir responsabilidad por delitos cometidos con vehículos
Un agente de la Policía Nacional. | Rober Solsona (Europa Press)
El juicio en la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, ubicada en Algeciras, ha comenzado contra un individuo acusado de varios delitos graves, incluyendo dos intentos de asesinato contra un inspector y un agente de la Policía Nacional. Este incidente tuvo lugar el 5 de septiembre de 2020, cuando el denunciado embistió con un todoterreno cargado de drogas a los agentes.
La Fiscalía está solicitando penas de prisión que suman 36 años y una indemnización de 1,5 millones de euros para el inspector, quien sufrió lesiones severas. La acusación particular ha elevado estas cifras a más de 46 años de cárcel y una indemnización de tres millones de euros.
El juicio deberá sentenciar no solo la cuantía de las indemnizaciones, sino también quién debe pagarlas. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular consideran que, en caso de que el acusado se declare insolvente, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) debería asumir estas responsabilidades. Sin embargo, según la información que ha adelantado Europa Sur, el CCS ha indicado su negativa a hacerlo.
El argumento del CCS se basa en que, según la legislación vigente, no se consideran «hechos de la circulación» aquellos derivados del uso de un vehículo como instrumento para cometer delitos intencionados contra personas y bienes. Por tanto, el CCS sostiene que no tiene la responsabilidad de cubrir indemnizaciones en estos casos.
Conflicto legislativo
La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor establece que no se considerarán hechos de la circulación aquellos derivados del uso del vehículo para cometer delitos con intencionalidad. Según esta interpretación, el uso del todoterreno en este caso fue con el objetivo de cometer un homicidio, lo cual excede el ámbito del seguro obligatorio y, por ende, exime al CCS de cualquier responsabilidad.
Contrariamente, la Fiscalía y la acusación particular del inspector argumentan que, si el CCS se desentiende de las indemnizaciones, las víctimas quedarían desamparadas a pesar de haber sufrido lesiones en el desempeño de sus funciones. De hecho, según ha podido conocer THE OBJECTIVE, el CCS ya había abonado una cantidad significativa al inspector entre el año 2021 y 2023.
La negativa del CCS a asumir esta responsabilidad ha generado un debate sobre la interpretación de la ley y la cobertura del seguro obligatorio de vehículos en casos de delitos motivados.
Un impacto muy grave
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de septiembre de 2020. La Policía Nacional recibió un aviso sobre un alijo de droga en una playa cercana. Un todoterreno comenzó una fuga a alta velocidad por una carretera estrecha, siendo perseguido por dos patrullas. Debido a las características del camino, los agentes se vieron obligados a apartarse hacia un lado, momento en el cual el todoterreno embistió directamente al coche policial.
El impacto fue devastador, dejando al inspector gravemente herido y a su compañero con lesiones considerables. La fiscal no tiene dudas de que la intención del conductor era acabar con la vida de los agentes, considerando la capacidad letal del vehículo y la manera en que se dirigió hacia ellos.
El inspector ha quedado con una discapacidad del 60% y ha pasado por numerosas cirugías, con más procedimientos pendientes. Su compañero también sufrió secuelas físicas y psicológicas, diagnosticado con síndrome de estrés postraumático.
Un juicio que marcaría precedentes
El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública adscrita al Ministerio de Economía, desempeña diversas funciones en el ámbito asegurador, incluyendo la cobertura de riesgos extraordinarios y el seguro obligatorio de automóviles. Sin embargo, su participación en este caso ha sido objeto de controversia, ya que la interpretación de la ley por parte del CCS excluye la responsabilidad en situaciones donde el vehículo se utiliza para cometer delitos graves.
El juicio busca aclarar, entre otras cosas, la responsabilidad financiera en caso de insolvencia del acusado. La sentencia tendrá implicaciones importantes para la interpretación de la ley y la responsabilidad de las aseguradoras en casos similares. La determinación de las indemnizaciones y la responsabilidad financiera será crucial para las víctimas y para la aplicación futura de la normativa en casos de delitos cometidos con vehículos.
