El yihadista de Algeciras presenta un nuevo recurso para no ser juzgado por terrorismo
Los abogados del asesino confeso del sacristán han interpuesto un recurso de casación que podría retrasar el juicio
Efectivos sanitarios y policiales cubren el cadáver del sacristán fallecido en Algeciras. | Nono Rico (Europa Press)
La defensa de Yassine Kanjaa, el yihadista confeso del asesinato del sacristán Diego Valencia, ha dado un nuevo paso en su intento por evitar que su cliente sea juzgado por terrorismo. Los abogados de Kanjaa han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, desafiando la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos como terrorismo. Este movimiento se produce tras un nuevo auto desestimatorio de la Audiencia Nacional, que había rechazado previamente la petición de la defensa de trasladar el caso a un juzgado ordinario en Algeciras para ser juzgado por un jurado popular.
La defensa argumenta que la supuesta patología mental de Kanjaa hace incompatible la comisión del delito de terrorismo del que se le acusa. No es la primera vez que este argumento trata de tomar forma en el procedimiento judicial. Los abogados han reiterado este punto en varias ocasiones a lo largo del proceso, sin éxito hasta el momento. Ahora, con el recurso de casación, buscan una interpretación diferente de la ley por parte del Tribunal Supremo.
Recurso de casación
Ante la presentación del recurso de casación, la defensa busca demostrar que los derechos de Kanjaa están siendo vulnerados bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional. La defensa de Kanjaa insiste en que este tribunal no es competente para juzgar el caso.
Un recurso de casación tiene una jerarquía superior a la apelación, ya que implica una revisión más profunda de la aplicación o interpretación de la ley. Mientras que el recurso de apelación se centra en los hechos y en la correcta aplicación del derecho en el caso específico, el recurso de casación apunta específicamente la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, con el fin de garantizar la uniformidad en la interpretación de la ley y proteger los derechos fundamentales.
Según la consulta de THE OBJECTIVE a expertos en la materia, la gran mayoría de los recursos de casación no son admitidos debido a la naturaleza de los mismos. El recurso de casación debe fundamentarse claramente en infracciones de preceptos legales o constitucionales, no en una simple disconformidad con la sentencia.
Por tanto, si no existe un recurso consistente que se base en inexactitudes referentes a derechos y no hechos, el recurso no es admitido. Aunque no sea aceptado, la presentación implica un retraso en el procedimiento judicial. Es probable que el Supremo tarde unos meses en resolverlo y esto podría retrasar el juicio hasta 2025, a pesar de que estaba programado para celebrarse antes de fin de año.
Los argumentos de la defensa
Los motivos del recurso incluyen tres «infracciones de precepto constitucional»: vulneración del derecho al juez ordinario, vulneración del derecho a un proceso público con todas las garantías y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Además, se alega una «infracción de ley» al considerar que los hechos no pueden ser calificados como terrorismo.
La Audiencia Nacional ha mantenido en sus autos que los hechos sí encajan como delitos de terrorismo y que deben ser juzgados por este tribunal. En su último auto, señaló que «no cabe realizar una valoración anticipada» sobre si la acción de Kanjaa tuvo una «finalidad terrorista» o si estaba afectado en sus facultades psíquicas. Según la Audiencia, los informes periciales sobre la imputabilidad de Kanjaa deben ser debatidos en el juicio y, hasta ese momento, no tienen valor probatorio.
Rechazo de los damnificados
La Fiscalía pide 50 años de cárcel para Kanjaa por el asesinato del sacristán y por herir gravemente al sacerdote Antonio Rodríguez, quien falleció meses después debido a un cáncer. Se le acusa de asesinato terrorista, tentativa de asesinato terrorista y lesiones terroristas. La familia de Diego Valencia, que ejerce la acusación particular, solicita 25 años de cárcel por atentado terrorista.
Desde el inicio del caso, la defensa ha argumentado que las «capacidades intelectivas y volitivas» de Kanjaa estaban tan afectadas que no tenía la intención de cometer un acto terrorista. Según esta perspectiva, su caso debería ser juzgado por un jurado popular en la Audiencia de Cádiz. La defensa argumenta que la patología mental de Kanjaa debe ser considerada como una eximente completa. La abogada de Kanjaa niega que su cliente se haya autoadoctrinado en el yihadismo, justificando sus consultas en línea sobre contenido islamista radical por su trastorno psicótico.
Las acusaciones, desde la Fiscalía hasta la familia del sacristán, han rechazado firmemente esta visión. Las acusaciones han insistido en que trasladar el caso a Cádiz vulneraría los derechos de las víctimas al no poder acusar de terrorismo.
Los hechos
El 25 de enero de 2023, Kanjaa, quien estaba sujeto a un expediente de expulsión tras entrar irregularmente en España, llevó a cabo una serie de ataques en Algeciras (Cádiz). Entró en la iglesia de San Isidro, increpó a una persona y luego regresó a su casa para coger un machete. Después, atacó al sacerdote Antonio Rodríguez y al sacristán Diego Valencia, quien murió a causa de las heridas. Kanjaa fue detenido por la policía local después de dejar el machete en el suelo y arrodillarse en un lugar conocido como el «Mirador del Muro».
