Andalucía defiende que «todos» los contratos covid «están avalados por informes jurídicos»
La consejera de Salud, Rocío Hernández, recuerda que la «crisis sanitaria» obligó a actuar con rapidez
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández. | Europa Press
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, defendió este miércoles en el Parlamento andaluz la legalidad de las acciones tomadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19. En una sesión solicitada por los grupos del PP-A, PSOE-A y Vox, Hernández destacó que «todos los contratos de emergencia» están respaldados por «informes jurídicos».
Durante su comparecencia, la consejera recordó que la «crisis sanitaria» obligó a actuar con rapidez, especialmente tras la declaración de emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020. En ese contexto, España, y en particular Andalucía, fue uno de los territorios más afectados, lo que justificó la adopción de medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia.
La contratación de emergencia, según Hernández, «no fue una opción, sino una obligación» ante la magnitud de la crisis que, al 30 de junio de 2023, había causado casi 16.000 muertes en Andalucía. La consejera enfatizó que la prioridad era proteger la vida de los ciudadanos, argumentando qué habría sucedido sin esos contratos de emergencia en momentos críticos.
Hernández ha remarcado que «la asesoría jurídica del SAS avaló, mediante dos informes –uno del 28 de diciembre de 2021 y otro del 10 de agosto de 2022–, las prórrogas de los contratos de emergencia que el SAS realizó con motivo de la pandemia», y ha puntualizado que «se realizaron en total tres ampliaciones de la llamada Declaración de Emergencia Única, aquella que facultaba al Servicio Andaluz de Salud para recurrir al procedimiento de contratación de emergencia para dar soporte legal a estos contratos».
Dichas ampliaciones se corresponden con el 30 de diciembre de 2021, el 30 de septiembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, ha precisado la consejera antes de añadir que, «una vez ya controlada la pandemia e integrado el coronavirus como una infección más en nuestra sociedad, el empleo de este procedimiento –la contratación de emergencia– ha sido prácticamente residual y no se recurre a él desde el 17 de mayo de 2023».
La titular de Salud ha indicado además que, en 2020, la contratación de emergencia supuso «el 26,56% del total de la contratación pública», cifra que «disminuyó al 11,17% en 2021 y continuó bajando hasta el 3,41% en 2022», mientras que, en 2023, «el empleo de este mecanismo fue meramente anecdótico, con apenas un 0,9% del total de la contratación pública, única y exclusivamente para el tratamiento de pacientes oncológicos», ha continuado detallando.
La consejera ha defendido también que la Cámara de Cuentas de Andalucía, «otro de los organismos de fiscalización de que dispone esta comunidad autónoma, avaló en su momento la política de contratación de emergencia que realizó la Junta para gestionar la crisis sanitaria», y ha subrayado que «todos estos contratos están publicados en el portal de transparencia de la Junta», por lo que «cualquier ciudadano puede acceder a ellos».
