Choque entre Bustinduy y los directores sociales por la congelación de fondos
La asociación expresa denuncia que la aprobación del anteproyecto del Gobierno crea falsas ilusiones y expectativas
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. | Gabriel Luengas (Europa Press)
La reciente aprobación del anteproyecto de reforma de la Ley de la Dependencia por parte del Consejo de Ministros ha generado un intenso desencuentro entre el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La polémica gira en torno a la falta de financiación para garantizar la efectividad de los nuevos derechos que plantea la reforma, lo que ha llevado a un cruce de declaraciones entre ambas partes.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales emitió una nota de prensa en la que criticaba que, pese a la propuesta de reforma, el Gobierno no había destinado los recursos necesarios para hacer efectivos los derechos contemplados en la ley. En su comunicado, la asociación denunció que en 2024 se había congelado la financiación estatal para el sistema de atención a la dependencia, lo que suponía un retroceso respecto a los incrementos de los años anteriores dentro del llamado y bien conocido «Plan de Choque».
Según la asociación, durante los años 2021, 2022 y 2023 el Gobierno había aumentado en 600 millones de euros anuales la financiación del sistema, acumulando un total de 3.793 millones de euros en fondos adicionales. Sin embargo, en 2024 ese aumento se detuvo, lo que generó una situación en la que los derechos de las personas en situación de dependencia seguían sin cumplirse adecuadamente.
Además, destacaron que actualmente hay 270.325 personas en lista de espera para recibir prestaciones o servicios de la ley de dependencia y que cada 15 minutos fallece una persona que aún no ha accedido a la ayuda que necesita.
El rechazo de Bustinduy a las acusaciones
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, no tardó en responder a estas afirmaciones y negó «categóricamente» que se haya congelado la financiación del sistema. Según Bustinduy, en 2024 sí se ha producido un aumento del gasto destinado a la dependencia, lo que demuestra el compromiso del Ejecutivo con la mejora de los servicios.
Bustinduy explicó que el gasto estatal en dependencia se ha incrementado en 185 millones de euros, aunque reconoció que este aumento responde a la obligación del Ministerio de sufragar el nivel mínimo de financiación en función del número de beneficiarios del sistema. En este sentido, argumentó que el incremento del gasto se debe al crecimiento en el número de personas atendidas y no a una congelación presupuestaria.
El ministro también defendió la reforma de la Ley de Dependencia como un paso adelante en la mejora del sistema y aseguró que el Gobierno sigue comprometido con la ampliación de derechos en este ámbito.
Los expertos se reafirman
El enfrentamiento continuó con una segunda nota de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en la que reafirmaron sus críticas y argumentaron con mayor detalle su postura. En este nuevo comunicado, insistieron en que el Gobierno ha paralizado el crecimiento de la financiación estatal y que la reforma no garantiza la efectividad de los nuevos derechos reconocidos.
Uno de los puntos clave de su respuesta fue la distinción entre el incremento del presupuesto y el incremento del gasto. Según la asociación, el hecho de que el Gobierno haya destinado más fondos en 2024 no se debe a una decisión política de aumentar la inversión, sino a la necesidad de atender a más personas dentro del sistema. Esto, bajo su perspectiva, no implica un verdadero compromiso con la mejora del sistema de dependencia.
También criticaron el hecho de que la falta de Presupuestos Generales del Estado en 2024 haya servido de excusa para no mantener el aumento de 600 millones de euros anuales que se había realizado en los años anteriores. Afirmaron que el Gobierno tenía otras herramientas para garantizar este incremento, como la inclusión de una partida en el «Decreto Ómnibus», pero que decidió no hacerlo.
Asimismo, pusieron en duda la eficacia de algunas de las medidas incluidas en la reforma, como la teleasistencia gratuita para personas en situación de dependencia. Recordaron que esta medida ya estaba contemplada en el Plan de Choque del Gobierno y que, a pesar de ello, el 58% de las personas atendidas en sus domicilios aún no cuenta con este servicio.
Finalmente, señalaron que la reforma propone reforzar la atención domiciliaria, pero sin un aumento en la financiación, lo que deja en entredicho la viabilidad de esta mejora. Actualmente, la intensidad media del servicio de ayuda a domicilio es de una hora diaria para personas en situación de dependencia y apenas dos horas diarias para los grandes dependientes, lo que, según la asociación, es claramente insuficiente.
«Es por todo eso por lo que desde la Asociación de Directoras y Gerentes lamentamos que se creen falsas ilusiones y expectativas en personas que lo están pasando tan mal, anunciando una reforma que les va a reconocer nuevos derechos, cuando ni en 2024 ni en 2025 el Gobierno central ha aprobado ningún incremento presupuestario no ya para avanzar en estos nuevos derechos, sino ni siquiera para cumplir, después de 18 años de vigencia, los que la actual Ley ya reconoce», concluye la misiva.
Otros frentes abiertos para el ministro
Este desencuentro con la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales no es el único desafío al que se enfrenta Pablo Bustinduy en las últimas semanas. Recientemente, el ministro de Consumo también ha sido blanco de críticas por parte de la aerolínea Ryanair, cuyo presidente, Michael O’Leary, llegó a llamarle «ministro loco comunista» y a ridiculizarlo vistiéndolo de «payaso» en una imagen.
La disputa con Ryanair surgió después de que el Ministerio de Consumo multara a varias aerolíneas por prácticas abusivas, como el cobro por el equipaje de mano o la elección de asiento junto a personas dependientes. En respuesta a los ataques de la compañía, Bustinduy declaró que ninguna campaña de presiones ni insultos le iba a amedrentar.
