La Policía investiga un posible fraude en cursos formativos para obtener la residencia en Ceuta

La Policía Nacional continúa con una amplia investigación en Ceuta relacionada con un presunto uso fraudulento de cursos de formación para obtener autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. El caso, ya judicializado, afecta a casi 60 personas y se centra en una academia local que habría ofrecido programas formativos como vía para regularizar la situación de ciudadanos extranjeros, en su mayoría marroquíes.

Las indagaciones están siendo llevadas a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) desde el año pasado, tras detectarse un aumento inesperado de solicitudes de residencia por arraigo para la formación. Como adelantó El Faro de Ceuta, estas peticiones, registradas en la Oficina de Extranjería, compartían un denominador común: los solicitantes habían participado en cursos organizados por un centro de la ciudad, supuestamente con el objetivo de obtener un certificado profesional que les permitiría acogerse a este tipo de residencia temporal.

La investigación se centra en dos cursos concretos que fueron ofertados en dicho centro. Según los primeros resultados, existen sospechas de diversas irregularidades, entre ellas la posible emisión de diplomas no autorizados. De hecho, el Ministerio de Educación no reconoce oficialmente la validez de esos certificados, lo que ha suscitado dudas sobre la legalidad del proceso de formación ofrecido por la academia. A raíz de estos sucesos, varias personas han comenzado a declarar en calidad de investigadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la ciudad.

Objetivo: la residencia

A medida que avanza el caso, la Policía ha continuado citando a más personas relacionadas con estos cursos. Algunos de los implicados aseguran haber pagado hasta 1.000 euros por recibir formación que, según se les comunicó, les permitiría obtener la autorización de residencia. Estas personas sostienen que no eran conscientes de que los diplomas no estaban debidamente legalizados y se consideran víctimas de una estafa, alegando que siguieron todos los trámites convencidos de estar actuando conforme a la ley. En algunos casos, los alumnos acudieron con regularidad a clase y cumplieron con las exigencias del programa, incluidas las prácticas, sin sospechar que el curso podría carecer de respaldo oficial.

Uno de los elementos que refuerza la sospecha de fraude es la falta de cumplimiento de requisitos lingüísticos por parte de varios alumnos. Según ha podido corroborar THE OBJECTIVE, a pesar de que estos cursos deben impartirse en español, algunos participantes reconocían no dominar el idioma ni siquiera a nivel básico. Esta circunstancia ha despertado el interés de los investigadores, quienes consideran improbable que esas personas pudieran superar las evaluaciones sin una preparación adecuada en la lengua oficial del curso.

El Ministerio de Educación, por su parte, ha sido requerido por el juzgado para aclarar si los programas presentados por la academia cumplían con las condiciones necesarias para ser reconocidos oficialmente. En las solicitudes cursadas por la empresa se especificaba que los cursos tendrían lugar entre febrero y mayo de 2024, abarcando la limpieza de superficies y mobiliario de edificios, con capacidad para 50 alumnos distribuidos en turnos de mañana y tarde. La Dirección Provincial de Educación abrió expedientes administrativos a raíz de dichas peticiones, registrando los nombres de los inscritos, la mayoría en situación irregular.

Gracias a la inscripción en estos cursos, los alumnos pudieron acceder al permiso de residencia por arraigo para la formación, el cual tiene una validez de un año. Este permiso les permite residir legalmente en el país y, una vez completado el curso y obtenido el certificado, solicitar un permiso adicional para trabajar. La Policía investiga ahora si esa formación realmente se llevó a cabo o si fue solo una excusa para regularizar la situación de los extranjeros implicados.

Un problema más amplio

Este caso se suma a otras operaciones recientes y paralelas en Ceuta que ofrecen un contexto más extenso de este supuesto tipo de irregularidades. También liderada por la Ucrif, se descubrió una red dedicada a la venta de facturas falsas. Estos documentos, elaborados por un trabajador de una ferretería local, servían como prueba de residencia continuada para que ciudadanos marroquíes en situación irregular pudieran cumplir con los requisitos para solicitar el arraigo. Diez personas fueron detenidas por su implicación en esta trama.

En este tipo de casos, las autoridades tratan de aclarar el alcance total de las redes implicadas en la obtención fraudulenta de permisos de residencia y verificar si existen más personas afectadas.

A expensas

Mientras tanto, algunos de los afectados por estos cursos siguen esperando poder finalizar la formación que comenzaron meses atrás. En enero, varios alumnos denunciaron la paralización de un curso de vigilancia por el que habían pagado hasta 1.500 euros. Desde diciembre no han podido continuar con las clases, y muchos de ellos habían solicitado excedencias laborales o se habían trasladado temporalmente a la ciudad solo para asistir al curso. A pesar de sus esfuerzos, aún no tienen una respuesta clara sobre cuándo podrán retomar su formación.