Hacienda intensifica el control en las casetas de la Feria de Sevilla por pagos no declarados

La Agencia Tributaria ha iniciado una nueva campaña de control fiscal en torno a la Feria de Abril de Sevilla, centrando su atención en las actividades económicas que se desarrollan dentro de las más de mil casetas que se instalan durante un evento tan señalado en la ciudad hispalense. El objetivo principal es identificar posibles irregularidades fiscales, especialmente aquellas relacionadas con pagos en efectivo que superen el umbral legal de 1.000 euros y que estarían directamente vinculados a la economía sumergida.

Este año, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, Hacienda ha comenzado a remitir requerimientos a una gran parte de los titulares de casetas, solicitando información detallada sobre los servicios contratados tanto en la edición de 2025 como en la de 2024. La iniciativa forma parte de una serie de actuaciones que el organismo estatal lleva a cabo de forma periódica en eventos multitudinarios de toda España, como las Fallas de Valencia, aunque en esta ocasión el foco está puesto sobre la emblemática feria sevillana, que arranca el 5 de mayo con la tradicional noche del pescaíto.

Bajo la lupa

La documentación exigida por la Agencia Tributaria incluye los datos identificativos de las personas o empresas encargadas del montaje, la instalación, el almacenamiento y la prestación de servicios de restauración. En todos los casos, se requiere especificar el importe pagado y los medios de pago utilizados, ya sea efectivo, transferencia bancaria, cheque o domiciliación.

Además, si alguna de estas tareas ha sido realizada por socios de la caseta, se deberá aportar su nombre, NIF y lugar de almacenamiento en caso de que lo hubiera. Varias personas consultadas por este medio explican que el retraso notable de montaje este año dificulta los trámites burocráticos exigidos.

Con esta medida, el Fisco trata de detectar prácticas fraudulentas, como pagos en B o fuera de los canales reconocidos, que suelen tener una notable incidencia en este tipo de eventos en los que se mueven importantes sumas de dinero. La campaña se enmarca dentro del cumplimiento de la Ley 11/2021 de medidas contra el fraude fiscal, que fija en 1.000 euros el límite para pagos en efectivo, aunque estos se realicen de manera fraccionada. Es decir, cualquier servicio cuyo presupuesto supere ese importe debe abonarse por medios trazables para garantizar la transparencia de la operación.

Colaboración autonómica y municipal

La delegación especial de la Agencia Tributaria en Andalucía ha emitido los requerimientos sobre la base de la información facilitada por el área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, lo que ha permitido a Hacienda identificar a la mayoría de los responsables de las casetas. Aunque no todos han recibido la solicitud, sí se ha abarcado un porcentaje considerable, lo que confirma la magnitud del operativo fiscal desplegado.

El coste de montar una caseta varía significativamente, aunque incluso una instalación de tamaño reducido, de un solo módulo, puede alcanzar los 3.000 euros. Esta cifra se incrementa notablemente si se trata de estructuras más grandes o con múltiples servicios adicionales. Por eso, Hacienda ha puesto especial interés en el desglose de los gastos, que no se limita al montaje y restauración, sino que incluye también decoración, vigilancia privada, suministro de bebidas y catering, entre otros.

El requerimiento oficial otorga a los caseteros un plazo de 20 días hábiles, excluyendo fines de semana y festivos, para entregar la documentación solicitada. La Agencia Tributaria advierte de que, en caso de incumplimiento o de respuesta incorrecta, se podrá iniciar un expediente sancionador por infracción tributaria. En situaciones donde los titulares no puedan presentar la información, deberán permitir que los inspectores accedan directamente a los datos necesarios.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, el delegado de Fiestas Mayores ha confirmado que estas revisiones han sido habituales en años anteriores debido al volumen de actividad comercial que genera la Feria. En la misma línea, representantes del sector reconocen que, aunque el control es comprensible, la inspección llega en un momento especialmente complicado, cuando los preparativos están en su punto álgido y muchos proveedores aún están cerrando los contratos.

Una vigilancia «sobredimensionada»

Algunos montadores y empresarios del sector consideran inoportuna la medida por la presión añadida que supone cumplir con los requisitos burocráticos en plena cuenta atrás para el inicio de la gran festividad andaluza. Desde la Asociación de Montadores aseguran que están recibiendo numerosas consultas por parte de caseteros preocupados por la necesidad de ajustar los contratos a los criterios legales en tan poco tiempo. El tiempo apremia y parte de los caseteros reconoce que no todos tienen los conocimientos necesarios para contribuir con lo que se requiere en tan corta fracción de tiempo.

La Agencia Tributaria reafirma su propósito de asegurar que todos los agentes económicos vinculados a la Feria actúen dentro de los márgenes legales, reforzando así la lucha contra la economía sumergida que suele resurgir en eventos de gran movimiento comercial. No obstante, aunque estas inspecciones no son nuevas, el nivel de detalle requerido y la amplitud de la campaña actual han incrementado la preocupación entre muchos de los implicados, que perciben esta supervisión como más intensa que en años anteriores y temen que cualquier error burocrático pueda derivar en sanciones elevadas.