Andalucía evalúa restringir el Clonazepam ante el aumento de agresiones a sanitarios

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía estudia aplicar un mayor control sobre el clonazepam, un fármaco del grupo de las benzodiazepinas, tras detectar su implicación en numerosos casos de violencia contra profesionales sanitarios, especialmente en la provincia de Sevilla. La iniciativa surge de una petición formal del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en respuesta a las reiteradas solicitudes del Sindicato Médico de Sevilla.

La propuesta consiste en someter el clonazepam a un sistema de validación previa para su prescripción, con el objetivo de limitar su acceso no justificado y evitar que se convierta en un detonante de incidentes violentos en los centros de salud, como algunos sanitarios han explicado a THE OBJECTIVE.

Este medicamento, cuyo uso legítimo incluye el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos como la epilepsia o la ansiedad, ha sido detectado con frecuencia en la elaboración ilegal de drogas, lo que ha incrementado su demanda en contextos no terapéuticos. La Policía Nacional ha realizado en los últimos meses numerosas operaciones en diferentes puntos de España desarticulando organizaciones que trafican con este medicamento.

Vinculación con las agresiones

Según los responsables sanitarios de la zona, uno de los motivos que más comúnmente desemboca en episodios de violencia hacia el personal médico es la insistencia de algunos usuarios en obtener recetas para este medicamento. En una reciente agresión ocurrida en Camas, Sevilla, un médico fue atacado tras negarse a renovar la prescripción de clonazepam, lo que refleja la relación directa entre el uso indebido del fármaco y el incremento de la conflictividad en las consultas.

La intención de incluir este psicotrópico en un sistema de control reforzado se asimila a la legislación ya vigente con otros medicamentos como el fentanilo, también sujeto a control por su alto potencial de abuso. La medida busca cumplir sus objetivos en una doble vía: reducir su circulación no autorizada y proteger al personal sanitario frente a situaciones de coacción o violencia derivadas de su prescripción.

El Sindicato Médico de Sevilla considera esta acción como un avance significativo en la lucha contra las agresiones en el ámbito sanitario. Además de promover este tipo de controles, la organización sindical insiste en la necesidad de dotar a los centros de salud de recursos que incrementen la seguridad del personal, como presencia permanente de vigilantes, sistemas de alarma y videovigilancia.

No cesan los sucesos violentos

Los últimos datos ofrecidos por el SAS confirman la gravedad del problema. Solo en 2024, se registraron 1.866 agresiones a trabajadores del sistema sanitario andaluz, de las cuales 362 fueron físicas. Un 52% de estos episodios tuvo lugar en centros de Atención Primaria, lo que evidencia el nivel de exposición de los profesionales que trabajan en primera línea de atención. La provincia de Sevilla encabezó el ranking regional con 101 agresiones físicas y 378 no físicas. Los datos reflejan aquellas denuncias que han sido notificadas, por lo que no se tienen en cuenta aquellas que los sanitarios no han puesto en conocimiento público, que según explican, son bastantes.

Uno de los factores más alarmantes es el aumento sostenido de estos incidentes. En comparación con 2023, las agresiones crecieron un 19%, una cifra que si bien puede estar relacionada con una mayor disposición a denunciar, también refleja el empeoramiento del clima laboral en muchos centros asistenciales. Además, más del 70% de las personas agredidas son mujeres, y los principales perfiles afectados son médicos y personal de enfermería.

Exigencias de seguridad

El Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS contempla una batería de actuaciones para mitigar estos hechos, desde la formación obligatoria del personal en gestión de conflictos hasta la atención psicológica y el acompañamiento jurídico para los profesionales afectados. En 2024, los servicios jurídicos del SAS intervinieron en casi 200 ocasiones, con un balance de 94 sentencias condenatorias, de las cuales 34 fueron por delitos de atentado contra la autoridad.

A nivel organizativo, se ha avanzado también en la creación de un Observatorio de Agresiones, que se encuentra en fase de tramitación normativa. Este nuevo organismo busca realizar un seguimiento más detallado de los casos, el análisis de tendencias y la aplicación de políticas públicas más eficaces.

Por su parte, diversas organizaciones sindicales como UGT también han expresado su preocupación ante el incremento de la violencia. Una reciente encuesta elaborada por este sindicato entre más de 2.000 profesionales reveló que el 55% ha sentido miedo a ser agredido durante su jornada laboral, y un 80% ha sufrido insultos o amenazas en algún momento. Las mujeres del ámbito de enfermería son el colectivo más afectado, tanto en frecuencia como en intensidad de las agresiones.

También se exige la mejora de las condiciones asistenciales que, según los propios sindicatos, contribuyen al malestar de los usuarios y a la escalada de tensiones. Entre las medidas más demandadas figuran la reducción de las listas de espera, una mayor dotación de personal y una atención más humanizada.