Vecinos de Málaga critican un centro de menores conflictivos junto a chalés

La instalación de un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en la urbanización El Olivar, en el distrito malagueño de Churriana, ha generado un fuerte rechazo entre los residentes de la zona. El proyecto, adjudicado por la Junta de Andalucía a la asociación Meridianos por un valor de más de 21 millones de euros, se enfrenta ahora a acciones judiciales, protestas vecinales y una suspensión cautelar de las obras decretada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

La situación se remonta al cierre, hace tres años, del CIMI de Torremolinos, el último gestionado directamente por la Junta. Desde entonces, la administración autonómica ha externalizado por completo la atención a menores infractores a entidades privadas. Ante la necesidad de reabrir un centro en la provincia de Málaga, la Junta barajó inicialmente una ubicación en la zona este de la capital, en Jarazmín-El Candado, pero según cuentan los vecinos a THE OBJECTIVE, la presión municipal y la cercanía de elecciones locales llevaron a la retirada del proyecto sin explicaciones claras.

Finalmente, el contrato fue adjudicado a Meridianos para instalar el nuevo centro en un inmueble ubicado en la avenida de la Asunción, en Churriana, en lo que fue una residencia de monjas de la congregación La Asunción. El edificio, alquilado por un empresario, será gestionado por Meridianos y recibirá una partida de 1,4 millones de euros en concepto de alquiler.

Rechazo vecinal

Los vecinos aseguran haberse enterado del proyecto el pasado 24 de abril por la prensa, a pesar de que las obras en el edificio ya habían comenzado semanas antes. «Nos sorprendió que la adjudicación fuera posterior al inicio de los trabajos», señalan desde la comunidad vecinal, que ha iniciado un contencioso-administrativo tras la inadmisión de su recurso por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja), por falta de legitimación.

Entre las principales críticas está la falta de evaluación previa sobre la idoneidad del edificio, que según los documentos, presenta planos contradictorios y necesita adaptarse a la normativa de 2018 que regula los CIMI. Los vecinos denuncian que no se ha tramitado formalmente un cambio de uso del suelo, que continúa clasificado como residencial, y que la figura de la declaración responsable, utilizada para acometer las obras, no es adecuada para una transformación de tal envergadura.

Suspensión cautelar

La Gerencia Municipal de Urbanismo ordenó hace escasos días la paralización cautelar de las obras, al detectar la falta de documentación esencial en la declaración responsable presentada. Entre los documentos requeridos están el proyecto de ejecución visado, los certificados de dirección de obra, la separata de protección contra incendios y una justificación de plazas de aparcamiento conforme a la normativa vigente.

De no presentarse estos documentos dentro de un plazo concreto, la declaración será declarada ineficaz y se iniciará el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, lo que podría conllevar la paralización definitiva del proyecto.

Críticas a la legalidad y forma de implantación

Tanto la comunidad de propietarios como el grupo municipal Vox han cuestionado duramente el proceso. En una moción presentada ante la Comisión de Urbanismo, Vox denuncia «irregularidades manifiestas» en la tramitación del expediente, el uso indebido de la declaración responsable para un cambio de uso estructural y la ausencia de medidas mínimas como aparcamientos o estudios de movilidad.

Además, recuerdan que el inmueble fue construido en suelo residencial en los años 70 y nunca tuvo uso público dotacional. Alegan que convertirlo ahora en un centro cerrado con capacidad para 50 menores infractores, atendido por hasta 80 trabajadores, sin estudio de impacto, es una alteración radical del entorno que requiere una tramitación específica que no se ha realizado.

La comunidad vecinal también ha rebatido públicamente el comunicado emitido por Meridianos, calificándolo de «engañoso» y denunciando la falta de transparencia, el inicio de obras antes de la adjudicación y una confusión interesada entre los conceptos de centro educativo y centro de reclusión.

La respuesta de la Junta

Por su parte, la Consejería de Justicia insiste en que el centro cumple con los requisitos legales y que su implantación no supone un riesgo para la convivencia. Explican que se trata de un entorno educativo con medidas de seguridad, en el que los menores no saldrán al exterior, salvo por razones médicas y acompañados. Señalan además que centros similares ya operan en entornos urbanos, como los de La Jara (Sevilla) o El Molino (Almería), sin conflictos reseñables.

Asimismo, subrayan que el centro generará empleo local para educadores, trabajadores sociales y personal de servicios, y que ya ha habido vecinos interesados en trabajar en el mismo.

Los vecinos han convocado concentraciones, presentado más de mil firmas y continúan organizando acciones para frenar el proyecto. Denuncian que el cambio de uso se intenta consolidar sin ofrecer información oportuna, sin proceso participativo ni transparencia institucional.