La inseguridad en el transporte sevillano se extiende tras el apedreamiento de autobuses

Horas después de haber restablecido sus recorridos habituales, la empresa municipal de transporte de Sevilla, Tussam, volvió a modificar el servicio de las líneas que atraviesan el Polígono Sur tras un nuevo episodio violento en la zona. La medida se ha adoptado después de que uno de los autobuses fuese apedreado a inicios de la semana, lo que ha reavivado la preocupación por la seguridad tanto de los conductores como de los usuarios.

Este nuevo incidente se suma a una larga serie de agresiones contra los vehículos del transporte público en este enclave del sur sevillano, siendo considerado uno de los más desfavorecidos de España. Según la Policía Nacional, en los últimos meses, se han contabilizado al menos una treintena de actos vandálicos, desde lanzamiento de objetos hasta disparos con balines. El resultado ha sido un vaivén de decisiones por parte de Tussam, entre la suspensión y la recuperación de rutas, que sigue crispando los ánimos tanto de los profesionales del sector como del vecindario.

Los sindicatos han anunciado movilizaciones ante lo que consideran un «incumplimiento de las condiciones de seguridad comprometidas» por la dirección de la empresa. Según han explicado a THE OBJECTIVE, entre las acciones previstas se contempla un paro durante el mes de junio cuyo alcance y fecha se concretarán en los próximos días.

Los representantes de los trabajadores insisten en que la situación no se resuelve simplemente devolviendo los autobuses a sus rutas originales, sino mediante una respuesta estructural en la que colaboren de forma activa todas las administraciones implicadas. El activar y reactivar las líneas solo trae más inestabilidad tanto para los barrios como para los trabajadores.

Un clamor al Ejecutivo

En este contexto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha intensificado su reclamación al Gobierno central para que refuerce la dotación de la Policía Nacional en la capital andaluza. Según ha reiterado, en la ciudad faltarían alrededor de 400 agentes, un déficit que, a su juicio, complica gravemente la capacidad para garantizar la seguridad en puntos críticos como el Polígono Sur. Sanz ha denunciado además que todavía no ha recibido respuesta a su solicitud de reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar esta cuestión.

La tensión también crece entre los residentes de la zona, que exigen el restablecimiento del servicio completo y denuncian que las continuas modificaciones aplicadas por Tussam les dejan prácticamente incomunicados. La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que agrupa a colectivos vecinales del Polígono Sur, ha convocado varias protestas en las últimas semanas. Denuncian que miles de familias se ven privadas de un servicio básico y alertan de que la situación alimenta aún más la exclusión social en el barrio.

La tensión aumenta

A esto se suma un clima general de inseguridad. La madrugada del martes, un hombre de 34 años falleció tras recibir varias puñaladas en una reyerta ocurrida en el entorno de las Tres Mil Viviendas. Aunque aún se investigan las circunstancias del crimen, la noticia ha vuelto a poner el foco sobre la situación de violencia crónica que afecta a este enclave sevillano. La Policía Nacional ha desplegado efectivos adicionales para evitar altercados en la zona, que ya fue escenario de un doble homicidio y un tiroteo con armas de guerra en el último año.

Los conductores de Tussam, por su parte, han relatado a este medio que acudir al Polígono Sur para trabajar se ha convertido en una fuente de temor constante. Consideran incomprensible que en una ciudad como Sevilla tengan que temer por su integridad física simplemente por cumplir con su jornada laboral. Ya en años anteriores, se recurrió a escoltas policiales para garantizar el paso seguro de los autobuses, una medida que los sindicatos consideran imprescindible recuperar en las actuales circunstancias.

Los conductores piden reacción

La situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, especialmente desde el comité de empresa, que lleva meses alertando de la escalada de violencia. Algunos trabajadores aseguran que cada trayecto por esta zona es una «ruleta rusa», y lamentan que no se haya actuado con la contundencia necesaria para frenar los ataques.

Además del transporte, el vecindario denuncia un deterioro progresivo de los servicios básicos. Señalan problemas recurrentes como apagones, falta de mantenimiento de infraestructuras, reducción de servicios sociales, cierre de oficinas públicas y, en general, una sensación de abandono institucional. Según las asociaciones vecinales, estos déficits agravan aún más una situación marcada por el desempleo estructural, el absentismo escolar y la precariedad.