Motoristas ceutíes denuncian bloqueos injustificados en la frontera marroquí

Un nuevo episodio de tensión en el paso fronterizo del Tarajal ha reactivado las quejas de motoristas ceutíes por lo que consideran un trato inadecuado por parte de las autoridades marroquíes. En esta ocasión, varios ciudadanos que regresaban a Ceuta esta semana aseguran haber sido retenidos durante más de una hora debido a la negativa de los agentes marroquíes a sellarles el pasaporte, sin que mediara explicación alguna, según ha adelantado El Faro de Ceuta.

El incidente, ocurrido en el carril de motos del paso fronterizo, se suma a una larga lista de situaciones similares que, según los afectados explican a THE OBJECTIVE, se repiten con frecuencia, especialmente durante horas de menor afluencia. En este caso concreto, los motoristas denuncian que no había personal presente en el área destinada a este tipo de vehículos, y que al dirigirse a preguntar por el procedimiento para el sellado del pasaporte, la respuesta fue una negativa tajante, sin justificación ni instrucciones alternativas.

Según los testimonios recogidos, entre los afectados se encontraba una mujer embarazada que también quedó atrapada en la espera. La situación provocó un bloqueo temporal del carril de motos, y el ambiente se tensó ante la falta de atención por parte de los agentes. Testigos relatan que incluso un jefe de servicio de la policía marroquí presente en el lugar evitó intervenir para solucionar el problema, prolongando la espera durante más de una hora.

No es un caso puntual

Aunque los afectados han manifestado su indignación por lo que consideran un «trato denigrante», la situación hace ver una problemática estructural más amplia en las relaciones fronterizas entre Ceuta y Marruecos. Los episodios de bloqueo, retenciones arbitrarias y falta de coordinación entre los servicios de control fronterizo se han convertido en una constante, con especial incidencia en los usuarios de motocicletas y vehículos de movilidad personal.

Este tipo de incidentes se han incrementado en un contexto especialmente sensible, ante la celebración de la Fiesta del Sacrificio y del inicio de la Operación Paso del Estrecho (OPE), un dispositivo anual que gestiona el tránsito de miles de ciudadanos magrebíes que se desplazan desde Europa a Marruecos durante el verano. Con ello, las autoridades ceutíes aseguran haber reforzado los preparativos para gestionar el flujo de personas y vehículos, mientras la parte marroquí parece mantener una actitud menos estructurada.

Mejoras en Ceuta y Melilla

En el lado español de la frontera, se han implementado recientemente diversas mejoras para optimizar el tránsito, como la apertura permanente de la zona de embolsamiento, una aplicación móvil para estimar los tiempos de espera, y el refuerzo del personal operativo. Estas medidas buscan minimizar las retenciones y mejorar la experiencia de los viajeros, en particular durante los días de mayor afluencia.

En contraste, la falta de canales de comunicación efectivos y la escasa previsibilidad de las actuaciones en el lado marroquí generan incertidumbre entre los usuarios. Especialmente los conductores de motos, quienes, al no contar con un carril específico como sí sucede en Melilla, se ven obligados a improvisar su tránsito, quedando a menudo expuestos a la arbitrariedad de las autoridades marroquíes.

Exigencias al poder político

La situación ha derivado en demandas ciudadanas tanto a nivel local como en foros institucionales. Colectivos como el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) han pedido la habilitación de un carril exclusivo para motos en el paso del Tarajal, similar al que ya funciona en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla. Además, los propios afectados han hecho llegar sus reclamaciones a través de distintos medios, alertando sobre los perjuicios físicos y emocionales que este tipo de esperas generan, especialmente en casos sensibles como el de personas con problemas de salud o mujeres embarazadas.

El malestar no se limita únicamente a los retrasos, sino que apunta también a la sensación de desprotección ante un sistema que, según los denunciantes, carece de protocolos claros y efectivos de atención a los ciudadanos.