Pescadores de cerco en Cádiz alertan de una situación límite y exigen reformas al Gobierno

La flota de cerco del Golfo de Cádiz, una actividad pesquera con profundas raíces en el litoral andaluz, atraviesa una crisis que amenaza con hacerla desaparecer si no se adoptan medidas urgentes. Así lo han manifestado los representantes del sector, que exigen al Gobierno una actuación inmediata que permita garantizar la viabilidad económica y social de esta pesquería tradicional.

La preocupación principal radica en la normativa que regula la actividad desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Golfo de Cádiz en 2016. Pese a una ligera modificación en 2018, el sector considera que este marco legal ha quedado completamente obsoleto. Según han explicado a THE OBJECTIVE varios profesionales del cerco, la norma vigente no responde a las transformaciones que ha vivido la pesca en los últimos años ni a los retos que imponen factores como el cambio climático, la evolución de los recursos marinos o la presión normativa derivada de la política pesquera común europea.

La situación fue analizada en profundidad durante una reunión celebrada recientemente en Punta Umbría (Huelva), en la que participaron representantes de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), así como armadores y trabajadores de los puertos de Isla Cristina, Sanlúcar de Barrameda y Barbate. Todos coincidieron en la necesidad de revisar con urgencia el plan vigente, al que achacan el deterioro progresivo del sector.

Situación «alarmante»

Uno de los síntomas más visibles de esta crisis es la drástica reducción del número de embarcaciones dedicadas al cerco. En apenas un decenio, la flota ha pasado de contar con 86 barcos en activo a apenas 40, lo que representa una caída superior al 50%. Las organizaciones del sector denuncian que, sin una intervención firme por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, muchas de las empresas que aún resisten se verán abocadas al cierre definitivo.

Además de exigir un nuevo marco de gestión que responda a la realidad actual, los profesionales del cerco han planteado una serie de medidas adicionales que consideran indispensables para la supervivencia del sector. Entre ellas, destaca la necesidad de obtener acceso a cuotas de especies presentes en el caladero pero cuya captura está prohibida, como el atún, cuya abundancia contrasta con la imposibilidad legal de capturarlo, ni siquiera de forma accidental.

Otro de los puntos clave en las demandas del sector es la mejora en la coordinación con organismos como el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Social de la Marina (ISM). Según los representantes de las cofradías y asociaciones, la falta de sintonía entre las administraciones científicas, laborales y pesqueras ha generado un marco de trabajo desfasado, con estudios poco actualizados sobre el estado de especies como la sardina y el boquerón, y con condiciones laborales poco adaptadas a la realidad actual del sector.

Despreocupación en el Ejecutivo

El colectivo pesquero lamenta además la escasa receptividad por parte del Ministerio a las propuestas que se han planteado en los últimos años. A pesar de las reuniones mantenidas con responsables del departamento en 2024 y 2025, en las que hubo compromisos de diálogo, no ha habido avances significativos. Esta falta de respuesta ha generado una sensación de abandono entre los profesionales, que temen que la inacción institucional termine por condenar a la flota a la desaparición.

Entre los problemas concretos que enfrenta el sector se citan también la rigidez del sistema de cuotas, los bajos precios de venta debido a la escasa planificación comercial, las restricciones a la pesca accidental de ciertas especies y las dificultades para contratar tripulaciones debido a la normativa laboral vigente. Todo ello contribuye a que la actividad deje de ser rentable para muchas embarcaciones, que han optado por cesar su actividad o por el desguace.

Por ello, el sector solicita una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el objetivo de replantear la estrategia de gestión para la flota de cerco. El objetivo no es solo revisar el plan de 2016, sino establecer un conjunto de medidas coordinadas que permitan recuperar la sostenibilidad económica, ambiental y social de esta actividad.

Entre las propuestas concretas que se plantean está la actualización trimestral de los datos científicos sobre las especies objetivo, la revisión del régimen de bajas y contratación, y el establecimiento de mecanismos para permitir la captura de atún en determinadas condiciones, al menos cuando se trate de capturas no intencionadas. El sector también reclama que se reconozca la relevancia socioeconómica del cerco en el Golfo de Cádiz y se garantice su continuidad como motor económico en muchos municipios costeros.