Andalucía exige a Aagesen el control integral sobre la gestión de su litoral

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un ambicioso proceso para obtener la gestión completa del litoral andaluz, con el objetivo de asumir plenamente las competencias en materia de ordenación, uso y protección del dominio público marítimo-terrestre. Actualmente, aunque la administración autonómica puede conceder autorizaciones y usos temporales, cualquier decisión relevante requiere el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica, lo que ha generado numerosos bloqueos administrativos.

Según fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul han explicado a THE OBJECTIVE, esta iniciativa no responde a una estrategia de confrontación institucional, sino a una voluntad de cooperación con el Gobierno central para avanzar hacia un modelo más eficiente y adaptado a las particularidades del litoral andaluz. La Junta fundamenta su petición en lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en la experiencia acumulada desde que en 2011 asumió competencias parciales en esta materia.

La comunidad andaluza gestiona actualmente más de 2.200 kilómetros de costa y unas 16.000 hectáreas de zona de servidumbre de protección, incluyendo áreas tan singulares como el estuario del Guadalquivir. Sin embargo, buena parte de las decisiones estratégicas sobre actividades económicas como los chiringuitos, la acuicultura, los deportes náuticos, los fondeos o la delimitación del dominio público siguen bajo la tutela del Estado. Esto ha provocado la paralización de alrededor de 400 expedientes, según datos de la propia Junta.

Conocimiento preciso sobre las necesidades

Según declaraciones recogidas en medios locales, la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, señaló que el litoral andaluz presenta particularidades que no pueden ser abordadas con una normativa uniforme para todo el país, y que, por ello, contar con competencias plenas sería esencial para aplicar una regulación ajustada a la realidad de la comunidad. El principal objetivo de esta exigencia es ofrecer herramientas y soluciones útiles desde el conocimiento pleno del terreno sobre el que se trabaja.

Andalucía toma como referencia el Real Decreto 1310/2024, aprobado en diciembre del pasado año, que transfirió al País Vasco la gestión integral de su litoral. Galicia también ha seguido esta senda en marzo de 2025. En ambos casos, las comunidades autónomas han asumido responsabilidades como la autorización de usos temporales en playas y mar territorial, la gestión de actividades acuáticas y económicas, y la potestad sancionadora, entre otras facultades. La Junta de Andalucía aspira a una fórmula similar, salvo en los aspectos reservados a la competencia exclusiva del Estado por mandato constitucional.

Escollos en la iniciativa

Uno de los asuntos más delicados en esta reclamación es la situación de los chiringuitos. La normativa europea exige que sus concesiones se adjudiquen por concurso público, pero en la práctica existen numerosos casos en Andalucía donde los titulares históricos se enfrentan a situaciones de inseguridad jurídica por falta de actualización de las concesiones. La Junta defiende que con más autonomía podría regular estos procesos de forma más equitativa y respetuosa con la tradición y la economía local.

Además, la administración andaluza ha solicitado al Gobierno central, a través del portal de transparencia, información detallada sobre los ingresos generados por las autorizaciones de uso del litoral. La intención es que, si se culmina el proceso de transferencia exigido, la recaudación de estos cánones y sanciones revierta en la comunidad, lo que permitiría emplear esos recursos en la mejora del entorno costero y su conservación.

Un escenario mayor

Esta propuesta se enmarca en un contexto más amplio de reivindicación autonómica respecto a la gestión de recursos clave. Paralelamente, la Junta también ha manifestado su intención de asumir una gestión más directa del agua en Andalucía, un recurso estratégico para el desarrollo y la sostenibilidad de la región en tiempos de cambio climático y escasez hídrica.

En línea con estas demandas, Andalucía también ha sido parte activa en un frente común junto a otras comunidades autónomas costeras. Hace dos semanas, firmó en Valencia un manifiesto junto a Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Canarias en el que se critica el actual marco normativo de la Ley de Costas, por considerarlo obsoleto, ineficaz y poco adaptado a la diversidad territorial del país. En este encuentro, Carmen Jiménez subrayó la necesidad de una gobernanza «eficaz y corresponsable» y denunció la falta de criterios técnicos claros por parte del ministerio, así como la insuficiencia de fondos para la protección del litoral.

Retos actuales

Por otra parte, la Consejería de Sostenibilidad presentó recientemente un nuevo Plan de Gestión para hacer frente a la proliferación del alga invasora Rugulopteryx okamurae, que ha afectado severamente al litoral andaluz desde su llegada al Estrecho de Gibraltar en 2015. El documento establece medidas para la retirada, tratamiento y posible valorización de la biomasa, y se considera un paso clave hacia una gestión más sostenible de los ecosistemas marinos.

El delegado territorial en Cádiz, Óscar Curtido, calificó el plan como un «referente nacional» y destacó la necesidad de colaboración entre todas las administraciones, incluyendo el Gobierno central, para abordar este problema ambiental, que también tiene consecuencias económicas y sociales para el turismo y la pesca.