El Cabildo inicia la reparación de la Mezquita de Córdoba en medio de las críticas de la izquierda

El incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado viernes ha desencadenado no solo una operación técnica de restauración, sino también un intenso debate político sobre quién debe asumir los costes de la reparación. El Cabildo Catedralicio, propietario y responsable de la gestión del monumento, ha iniciado los trabajos previos para un plan de rehabilitación, contando con la colaboración de las administraciones públicas. Sin embargo, el PSOE local, Izquierda Unida y Podemos Andalucía cuestionan que se utilicen recursos municipales o autonómicos para sufragar estos gastos dada su ausencia de responsabilidad directa.

El siniestro afectó a una superficie aproximada de 25 metros cuadrados en la zona de la ampliación de Almanzor, causando el colapso de la bóveda de madera de la capilla de la Anunciación y daños en otras dos capillas colindantes. Según los técnicos, el fuego se originó en una capilla utilizada como almacén de utensilios y maquinaria de limpieza, donde se encontraba una barredora mecánica que podría estar relacionada con el incidente, aunque la investigación continúa abierta.

Coordinación y polémica

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado que el Ayuntamiento colaborará en la tramitación de licencias y con apoyo técnico, e incluso se estudia un convenio que podría incluir financiación parcial. Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha cerrado filas mostrando su disposición a ayudar «en todo lo necesario» y ha destacado que los daños son perfectamente reparables, con un coste estimado que podría rondar el millón de euros.

Estas manifestaciones han sido recibidas con rechazo por el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, quien ha insistido en que los gastos deben recaer exclusivamente en el Cabildo. Para los socialistas, según han expresado a THE OBJECTIVE, no es justificable que se utilicen fondos públicos para reparar lo que consideran una responsabilidad directa de la institución eclesiástica, más aún cuando podría tratarse de un accidente derivado, según apuntan, de una gestión interna. Hurtado también ha preguntado si el Cabildo no dispone de un seguro que cubra este tipo de incidentes.

Izquierda Unida se ha subido al carro de la crítica. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha responsabilizado directamente al Cabildo de la Mezquita-Catedral de Córdoba del incendio, calificando la situación como una negligencia por permitir la presencia de maquinaria eléctrica junto a elementos artísticos de valor. El dirigente ha defendido que este episodio demuestra la necesidad de revertir la inmatriculación del monumento para que su gestión pase al Estado. Según Maíllo, la ubicación de una barredora eléctrica en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad refleja una grave falta de diligencia y pone en riesgo la preservación del templo, que considera patrimonio de todos los cordobeses.

También la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha reclamado que la Iglesia sea la única responsable económica de la reparación de la Mezquita-Catedral tras el incendio, argumentando que los ingresos por turismo deberían cubrir estos gastos. Además, ha planteado que cualquier ayuda pública de la Junta de Andalucía debería estar condicionada a recuperar la gestión del monumento como un bien público bajo administración autonómica.

La rápida reacción

Mientras tanto, los equipos de conservación han realizado una evaluación inicial de la zona afectada. Las inspecciones han confirmado que no se han producido daños estructurales de gran alcance ni se han visto perjudicadas piezas artísticas de alto valor, como retablos o imágenes religiosas. El fuego, aunque intenso, fue controlado rápidamente gracias a la intervención de los bomberos, que ya conocían bien la distribución del monumento debido a simulacros previos incluidos en el Plan de Autoprotección.

Este plan, redactado en 2005 y actualizado por última vez en 2019, detalla las zonas del monumento que presentan riesgos potenciales y establece protocolos de actuación. Precisamente, la capilla donde se inició el fuego estaba señalada como un espacio de riesgo por su uso como almacén. El Cabildo había adquirido recientemente dos locales en la calle Encarnación, a escasos metros de la Mezquita, con el fin de trasladar allí estos materiales. Sin embargo, el traslado aún no se había completado cuando se produjo el incendio.

Rendición de cuentas nacional e internacional

La Unesco, a través de su organismo asesor, ha solicitado al Ministerio de Cultura un informe detallado sobre el siniestro, sus causas y las medidas adoptadas. Dado que la Mezquita-Catedral está inscrita como Patrimonio de la Humanidad desde 1984, el seguimiento internacional será estrecho, aunque se prevé que la colaboración de la organización sea sobre todo de carácter técnico.

Por ahora, el Cabildo espera la visita de técnicos de la delegación territorial de Cultura para elaborar el plan definitivo de restauración. Este incluirá la cobertura provisional de la capilla más dañada, la reparación de cubiertas y bóvedas, así como la limpieza y restauración de las superficies afectadas por humo y agua. El proceso será largo y requerirá coordinación entre arquitectos, ingenieros, restauradores y autoridades de patrimonio.

Una rehabilitación larga

Aunque la investigación oficial aún no ha concluido, las primeras hipótesis apuntan a un fallo eléctrico en la maquinaria almacenada. No obstante, las autoridades insisten en la prudencia y en no adelantar conclusiones hasta disponer de los informes completos. La consejera de Cultura ha subrayado que, en este caso, el plan de autoprotección funcionó adecuadamente y que la rápida respuesta evitó daños de mayor alcance.

El debate sobre la financiación, sin embargo, promete prolongarse. Mientras el Cabildo considera natural trabajar junto a las administraciones en la preservación de un bien declarado Patrimonio Mundial, tanto el PSOE como lo de Maíllo insisten en que el coste debe ser asumido íntegramente por la institución religiosa.