El PP recurre la entrega de la recaudación a la Diputación de Jaén por dañar el interés general

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo plenario que aprobó la cesión del servicio municipal de gestión y recaudación de tributos a la Diputación Provincial. Los populares piden dejar sin efecto el convenio firmado entre ambas administraciones al considerar que vulnera el principio de igualdad institucional, incrementa el gasto público y «perjudica de forma manifiesta los intereses generales de la ciudad».

Según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el recurso firmado por el portavoz del Grupo Popular, Agustín González Romo, solicita la suspensión del acuerdo y advierte de que su ejecución podría causar «daños de imposible o difícil reparación» al Ayuntamiento y a la ciudadanía jiennense. El texto, presentado ante el Pleno, se ampara en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y plantea su nulidad por considerar que el convenio «desmantela de hecho el servicio municipal de recaudación, vaciándolo de contenido y funciones». Si el Pleno no estima el recurso, los populares han anunciado que acudirán a la vía contencioso-administrativa para intentar frenar la cesión antes de que entre en vigor en 2026.

Entre los argumentos económicos, el PP señala que el traspaso del servicio supondrá un incremento del gasto de más de ocho millones de euros: 5.016.288 euros por la recaudación de los principales tributos municipales y otros 2.645.385 euros por la gestión de multas de tráfico, cantidades que la Diputación percibiría en concepto de «premio de cobranza». A ello se sumarían, según los populares, las pérdidas derivadas de recargos e intereses que dejarían de ingresar las arcas locales.

Aviso de desigualdad

El recurso apunta también a un posible «desequilibrio institucional» en la aplicación del convenio. De acuerdo con el texto del acuerdo, la comisión de seguimiento y control estará formada por tres técnicos del Ayuntamiento y tres de la Diputación, pero el gerente del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación ejercerá la presidencia con voto de calidad en caso de empate. Para el PP, esta disposición otorga a la administración provincial «una posición prevalente contraria a la igualdad que debe regir entre ambas partes».

El propio Consejo Económico y Social de Jaén (CES), en su dictamen previo, ya advirtió de esta circunstancia y recomendó «propiciar una igualdad real en el acuerdo». También la Tesorería municipal, según los informes internos citados por el grupo popular, expresó reparos a la cesión, insistiendo en que el modelo podría comprometer la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento.

THE OBJECTIVE ha tenido asimismo acceso al convenio de delegación, que formaliza la transferencia de competencias en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los principales tributos locales —IBI, IAE, impuesto de vehículos, tasas de residuos y multas de tráfico, entre otros— a partir del 1 de enero de 2026. El documento, suscrito por el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, prevé una vigencia indefinida y contempla la posibilidad de modificación «a iniciativa de la Diputación Provincial, previo informe de su Consejo Rector».

El PP entiende que esta cláusula confiere a la Diputación una capacidad unilateral de iniciativa en la revisión del acuerdo, algo que, a su juicio, «supone una merma de la autonomía municipal». En la misma línea, el recurso cuestiona el régimen de anticipos a cuenta que el Ayuntamiento podrá solicitar a la Diputación —hasta un 90% del importe recaudado—, al no fijar de manera expresa los tipos de interés aplicables, lo que, según los populares, genera «inseguridad jurídica y un coste financiero añadido».

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el equipo de gobierno, formado por PSOE y Jaén Merece Más, se defiende que la externalización permitirá «profesionalizar la recaudación y mejorar la eficiencia» en la gestión de los ingresos municipales. La medida fue aprobada en el pleno de septiembre con los votos de ambas formaciones y el rechazo de PP y Vox, tras meses de debate en los que los informes internos del Ayuntamiento se mostraron contrarios a la operación, frente a los dictámenes favorables del Colegio de Economistas y del CES Local.

El portavoz del PP, Agustín González, sostiene que el gobierno local «ha buscado informes externos a medida» y que la decisión «no tiene respaldo técnico ni económico». En declaraciones anteriores a este medio, recordó que «el informe del secretario municipal concluye que la decisión es puramente política, no técnica».

Por su parte, Jaén Merece Más (JM+) cuestiona la postura de los populares y acusa a González de actuar en contra de su propio partido a nivel provincial. «La pregunta sería si el PP de Jaén capital está enmendando la plana a los alcaldes de su mismo partido en los municipios donde ya tienen convenios de recaudación con la Diputación —señala su presidente a este medio—. De 97 localidades, unas 94 ya trabajan con este sistema, muchas gobernadas por el PP. ¿Va a presentarles también un recurso?».

Desde JM+ recuerdan además que el propio portavoz del PP en la Diputación, Raúl Caro, calificó hace unas semanas el acuerdo de Jaén como «beneficioso y extrapolable» a otros municipios. «El PP de la capital va en sentido contrario al PP provincial», apuntan.

Situación económica crítica

El conflicto llega en un contexto de extrema fragilidad financiera para el Ayuntamiento. Con una deuda que supera los 612 millones de euros, Jaén es el segundo municipio más endeudado de España, solo por detrás de Jerez de la Frontera. La mayor parte de esa cifra —más de 538 millones— corresponde a préstamos ICO con la Administración central, a los que se suman 25,9 millones adeudados a bancos y 26,2 millones a otros acreedores.

Fuentes municipales reconocen que la carga financiera condiciona cualquier decisión de gestión, aunque el gobierno local insiste en que la cesión a la Diputación no supone pérdida de autonomía, sino una «colaboración técnica y operativa» destinada a mejorar la recaudación.