Sevilla destina 856.000 euros a frenar la venta ambulante en los mercadillos

El Ayuntamiento de Sevilla ultima el nuevo proceso de contratación para garantizar la vigilancia de los mercadillos ambulantes durante los años 2026 y 2027. El objetivo es asegurar el correcto funcionamiento de estos espacios, muy concurridos cada semana, y reforzar el control frente a actividades irregulares. La medida se articula mediante un contrato de servicios que prevé la incorporación de hasta 41 vigilantes privados, una cifra similar a la desplegada en los últimos años. Fuentes del Consistorio argumentan que no disponen de personal suficiente para cubrir este cometido con medios propios, motivo por el que ha vuelto a recurrir a una empresa especializada.

La licitación, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un presupuesto base de algo más de 856.000 euros (unos 707.000 euros sin impuestos) y un valor estimado que asciende a 1,42 millones de euros. Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, con un plazo de ejecución de 707 días y un procedimiento abierto en el que las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta finales de noviembre. Como recogen varios medios locales, esta externalización ya se ha aplicado en los dos últimos ejercicios y ha estado en manos de diferentes compañías del sector de la seguridad privada.

El servicio comenzará el 24 de enero de 2026 y se desarrollará en horario de mañana, entre las siete y las tres y media. El pliego contempla posibles ajustes cuando sea necesario. La distribución del personal se realizará en función de la afluencia y del nivel de riesgo de cada mercado, aunque el documento técnico ya detalla una planificación inicial.

El plan de seguridad

De acuerdo con esa previsión, la mayor concentración de agentes estará en el mercadillo de Alcosa, donde se desplegarán quince vigilantes. Otros cuatro profesionales se ubicarán en los mercados de Pino Montano, en el de Ronda del Tamarguillo y en el conocido como Mercatemático. Habrá tres en el de San Pablo-Santa Justa, dos en Torreblanca, dos en Cerro Amate y un solo efectivo en el de San Jerónimo. Aunque la relación de emplazamientos es amplia, corresponde al Ayuntamiento decidir, llegado el momento, si hay que sumar nuevos puntos de venta ambulante o reducir el dispositivo en alguna zona.

Las funciones asignadas a los vigilantes van mucho más allá del mero control visual. Según la documentación municipal a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, deberán proteger tanto a las personas como a los bienes que formen parte del recinto, verificar el estado de accesos e instalaciones, encargarse de la apertura y cierre y colocar las vallas de delimitación cuando sea preciso. También actuarán como primer filtro de entrada, regulando el aforo mediante sistemas de conteo cuando se considere oportuno.

Una de las tareas esenciales será comprobar que los comerciantes que acuden a los mercadillos cuentan con la autorización pertinente. Para ello revisarán la identificación que expide el Servicio de Consumo y verificarán que cada profesional ocupa el puesto que le corresponde. En caso de incumplimiento, el personal de vigilancia notificará la situación a la Policía Local, que puede ordenar la retirada de un puesto y tramitar una actuación sancionadora.

El control de la venta sin licencia es otro de los ejes del contrato. Si se detecta a personas intentando comercializar productos sin autorización, se les informará de que deben abandonar el recinto. Cuando la advertencia no surta efecto, se avisará a la Policía Local y se intentará recoger algún dato identificativo, como la matrícula de un vehículo. Asimismo, los vigilantes deberán estar atentos a comportamientos sospechosos y, en situaciones concretas, retener temporalmente a un individuo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Cobros indebidos y condiciones

El pliego al que ha tenido acceso este medio también incluye medidas destinadas a combatir prácticas que generan quejas habituales entre los usuarios, como el cobro no autorizado en los aparcamientos. Los vigilantes tendrán que velar por que el estacionamiento siga siendo gratuito y por que no haya personas exigiendo pagos a los conductores. Además, deberán realizar rondas en vehículo y emitir informes en caso de incidencias, documentos que serán entregados semanalmente al Servicio de Consumo.

El personal percibirá un salario conforme al convenio estatal del sector, alrededor de 1.353 euros brutos al mes, lo que supone algo más de 20.000 euros al año. Junto a esta contratación, el Ayuntamiento prevé reforzar servicios complementarios vinculados al funcionamiento de los mercadillos, como la limpieza y el mantenimiento de los aseos instalados en recintos donde recientemente se han estrenado nuevas infraestructuras.

Algunas asociaciones del sector han expresado dudas sobre la eficacia del sistema vigente, ya que sostienen que la presencia de vigilantes no ha frenado el auge de la venta irregular. Pese a ello, el gobierno municipal apuesta por mantener este modelo al considerar que permite un control continuado y mejora el desarrollo de la actividad. Con la nueva licitación ya en marcha, Sevilla se prepara para dos años más de vigilancia profesional en unos mercados que siguen siendo un punto de encuentro clave para miles de personas cada semana.