Andalucía aprueba un acuerdo que mejorará las condiciones de 80.000 empleados públicos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside este martes, 9 de diciembre, la firma del acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO para la mejora del empleo público y la prestación de servicios «de calidad» en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. Entre las mejoras se encuentran las condiciones laborales y salariales de 80.000 trabajadores del sector público andaluz, entre personal funcionario, laboral, de Justicia y el conjunto del personal del sector público instrumental.

La firma del acuerdo se realizará a las 11.00 horas en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, según figura en la convocatoria de prensa. El acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, como desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía, entró en vigor el pasado 3 de diciembre tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 2 de diciembre. Ha sido calificado por el consejero de Justicia, Función Local y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, como «histórico» por cuanto supone un «salto de calidad».

El primer paso legal de esta mejora para los empleados públicos fue rubricado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública con los sindicatos CSIF, CCOO-A y UGT-A, así como con el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) e Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) en ese órgano de interlocución, antes de su aval por el propio Consejo de Gobierno. El consejero de Justicia ha cifrado en cerca de 70.000 los empleados públicos beneficiados, además de casi 10.000 funcionarios de Justicia, pese a tratarse de un cuerpo estatal.

El Gobierno andaluz ha señalado que la entrada en vigor de este acuerdo será con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y que estará operativo hasta el 31 de diciembre de 2030. Su alcance económico será de 250 millones de euros para un horizonte de cinco años, con un reparto de 50 millones por ejercicio.

Creación de la carrera profesional

Dentro del paquete de iniciativas que incorpora este acuerdo laboral para los funcionarios autonómicos destaca la creación de la carrera profesional, introducida a semejanza de la existente en el ámbito sanitario. Al igual que en ese modelo, serán los propios empleados quienes tendrán que solicitar su aplicación. Este reconocimiento se aplicará con efectos desde el 1 de enero de 2025.

La Junta de Andalucía ha definido la carrera profesional y la evaluación del desempeño de los empleados autonómicos como «un instrumento objetivo y transparente que permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia». El acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General del 10 de noviembre sobre carrera horizontal, evaluación del desempeño y equiparación retributiva del personal funcionario de carrera deberá ser igualmente ratificado por el Consejo de Gobierno y constituirá la base del futuro decreto que regule estos aspectos.

El Gobierno andaluz ha remarcado que «el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo», ya que propicia la sustitución progresiva del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, calificado como «más claro, homogéneo y vinculado a criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica», además de destacar que «pone fin a desigualdades históricas y refuerza la coherencia interna del modelo».

El Ejecutivo autonómico se ha comprometido a «culminar» la implantación del VII Convenio Colectivo, que sustituirá al aún vigente —firmado en 2002— y dotará al personal laboral de un marco actualizado conforme a los requisitos de la Ley de Función Pública. La Junta ha subrayado que esta iniciativa forma parte de una estrategia de empleo que permitirá reducir de manera sostenida la temporalidad estructural, situándola por debajo del 8 % mediante una programación plurianual de ofertas de empleo público, un modelo estable de cobertura de vacantes y mecanismos de control para evitar abusos en la duración de contratos y nombramientos temporales.

El acuerdo incluye asimismo una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laboral, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, con el objetivo de facilitar la integración efectiva de la prevención en la Junta de Andalucía, asegurar la adecuada distribución del personal preventivo y reforzar la implicación de la dirección.

Además, recoge la creación de unidades administrativas compartidas que permitan ejecutar proyectos estratégicos o atender necesidades coyunturales o temporales. En consonancia con la Ley de la Función Pública de Andalucía y el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030, su orientación es «situar a Andalucía en la vanguardia de la gestión pública, mediante una administración que actúa como motor económico, facilita la inversión, atrae talento y se adapta a la revolución digital con estructuras flexibles, eficientes y centradas en las personas».

La Junta ha destacado que «el acuerdo crea un marco estable que impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad como elementos clave para mejorar la atención a la ciudadanía», y ha defendido que «esta iniciativa será un instrumento decisivo para reducir la brecha digital entre la población y mejorar la capacidad de la administración pública para asistir a personas con escasas competencias tecnológicas».