Ocho de cada diez profesores alertan de la pérdida de autoridad en las aulas andaluzas

La convivencia escolar se ha convertido en uno de los principales retos del sistema educativo andaluz. Lejos de episodios aislados, los conflictos en las aulas forman parte del día a día de muchos centros y afectan directamente al bienestar del profesorado y al desarrollo normal de la actividad educativa.

Un estudio elaborado por el sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pone cifras a esta realidad. Según los datos recopilados, el 81% del profesorado considera que la autoridad docente ha empeorado en los últimos años, una percepción ampliamente compartida entre profesionales de distintas etapas educativas y territorios.

El informe, presentado esta semana en el marco del balance educativo de 2025, describe un clima cada vez más complejo dentro de los centros. Más del 70% de los docentes califica el ambiente de su colegio o instituto como conflictivo o con episodios frecuentes de tensión, una situación que, según advierten, repercute tanto en la calidad de la enseñanza como en la salud emocional de quienes ejercen la docencia.

Reconocimiento social

Entre las situaciones más habituales destacan las faltas de respeto por parte del alumnado, los conflictos con las familias y los episodios de acoso entre estudiantes. Según el sindicato, no se trata de hechos aislados, sino de dinámicas recurrentes que generan desgaste acumulado entre los profesionales.

Francisco González, responsable de CSIF Educación en Málaga, explicó durante la presentación del informe que «el deterioro de manera muy preocupante de la convivencia escolar». En su opinión, la falta de herramientas suficientes para abordar estos conflictos acaba trasladando la presión al profesorado, que se ve obligado a gestionar situaciones para las que, en muchos casos, no dispone de apoyos especializados.

La percepción de pérdida de autoridad es uno de los elementos que más preocupa. Ocho de cada diez docentes consideran que su capacidad para ejercer la labor educativa se ha visto mermada, dificultando mantener un clima de respeto y aprendizaje en el aula.

El estudio refleja también un sentimiento extendido de escaso reconocimiento social. Una amplia mayoría del profesorado afirma sentirse poco o nada valorado y señala la falta de apoyo como un factor que agrava los problemas de convivencia. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, esta sensación se repite especialmente en centros con mayor complejidad social.

A este contexto se suman otros factores que influyen de manera indirecta en el clima escolar. La elevada carga burocrática es uno de los más señalados por el profesorado, que denuncia que el tiempo dedicado a tareas administrativas resta atención al trabajo pedagógico y a la gestión educativa del aula.

Francisco González, responsable de CSIF Educación en Málaga, advirtió que la carga burocrática y la falta de apoyos dificultan que los docentes puedan centrarse en su labor principal, que es enseñar, lo que contribuye a su desmotivación y agotamiento profesional.

Ratios elevadas y falta de refuerzos

El número de alumnos por aula es otro factor que condiciona la convivencia. Tres de cada cuatro docentes consideran que las ratios actuales son altas o difíciles de asumir, especialmente en grupos con alumnado diverso o con necesidades específicas de apoyo educativo.

La falta de refuerzos humanos, como profesionales de orientación o especialistas en convivencia, también aparece como una carencia recurrente. CSIF subraya que contar con estos perfiles permitiría intervenir de forma preventiva y evitar que los conflictos se enquisten.

Además, el informe apunta que las sustituciones del profesorado no siempre se cubren con la rapidez necesaria, generando desajustes organizativos y sobrecarga a los equipos docentes que permanecen en el centro.

El sindicato reconoce que en los últimos años se han producido avances en aspectos como la reducción progresiva de ratios, el refuerzo de plantillas o la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, consideran que la convivencia escolar sigue siendo una asignatura pendiente que requiere atención específica y continuada. «La educación pública necesita entornos seguros y emocionalmente saludables», señalan desde la organización.

Acción política y respuesta institucional

Este diagnóstico coincide con la reciente aprobación por parte del Consejo de Gobierno andaluz del decreto que desarrolla la Ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, aprobada en 2021. Aunque la ley es de hace cuatro años, el decreto establece ahora un marco normativo concreto para reforzar la consideración pública del docente y garantizar su protección en el ejercicio de sus funciones.

El texto reconoce, entre otros aspectos, el derecho del profesorado al respeto y apoyo por parte del alumnado, de las familias y del resto de la comunidad educativa. También contempla la posibilidad de adoptar decisiones proporcionadas para mantener un clima adecuado de aprendizaje y establece mecanismos de protección jurídica y acceso a apoyo psicológico ante situaciones de conflicto.