El Gobierno plantea derribar la primera línea de Matalascañas ante el avance del mar

La intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la playa de Matalascañas (Huelva) ha dejado de ser una respuesta puntual a la borrasca Francis para convertirse en una señal de alerta sobre el futuro de la primera línea del litoral andaluz. La imagen de los efectivos inspeccionando los cimientos del edificio Alcotán —un bloque de apartamentos que ha tenido que ser desalojado por riesgo de derrumbe—, donde el mar ha alcanzado ya la base estructural del inmueble, ha reabierto un debate de fondo que va mucho más allá del último temporal: hasta qué punto es viable mantener el actual modelo urbanístico frente al avance constante del océano.

El temporal ha causado destrozos severos en el paseo marítimo de Matalascañas, una infraestructura de 4,3 kilómetros que ha quedado dañada en numerosos tramos, con la destrucción de tres chiringuitos y el desalojo preventivo de varios vecinos. Sin embargo, como ha confirmado THE OBJECTIVE, técnicos y administraciones coinciden en que el problema no se limita a la intensidad de las olas, sino que responde a una vulnerabilidad estructural acumulada durante décadas.

Solución temporal frente a un problema estructural

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene en marcha una actuación de emergencia valorada en seis millones de euros, centrada en el aporte de arena y el refuerzo de los espigones existentes. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha insistido en que se trata de una medida paliativa destinada a ganar tiempo y estabilizar la situación a corto plazo.

Según sus declaraciones en la Cadena Ser, Morán defendió que la única solución estructural pasa por retranquear el paseo marítimo, desplazándolo tierra adentro para recuperar espacio de playa y reducir la exposición directa al oleaje. En términos prácticos, este planteamiento implica asumir la retirada de parte de la urbanización construida en primera línea, una opción que el Gobierno considera inevitable en determinados tramos del litoral ante la subida del nivel del mar y el incremento de los temporales extremos.

Este enfoque choca frontalmente con la posición del Ayuntamiento de Almonte. El alcalde, Francisco Bella, reclama que se dé prioridad a las actuaciones de emergencia y advierte de que el retranqueo completo del paseo supondría una inversión inasumible a corto plazo, además de un gran impacto social y urbanístico para un núcleo turístico que alcanza los 150.000 habitantes en temporada alta.

Una factura de 600 millones

Los cálculos municipales sitúan el coste de una reubicación integral del paseo marítimo en torno a los 600 millones de euros. La operación implicaría modificar el planeamiento urbanístico, acometer expropiaciones y derribar cerca de 200 edificaciones en primera línea, entre viviendas unifamiliares y bloques de varias plantas con cientos de residentes. Entre los vecinos, la sensación es de incertidumbre y desconcierto, con la impresión de que el debate ha pasado, de repente, del mantenimiento al repliegue.

Desde el Ministerio se subraya que la Dirección General de la Costa asumiría la ejecución de la obra, siempre que exista un acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión de los terrenos necesarios. Todo ello mientras ambas administraciones se reprochan mutuamente la falta de actuaciones en años anteriores y el retraso en la regeneración de la playa.

Un aviso ignorado durante más de una década

La situación actual tampoco es completamente nueva. En 2013, un estudio con georradar del subsuelo del paseo marítimo, encargado por el propio Ayuntamiento de Almonte a petición de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, detectó numerosas anomalías compatibles con cavidades y huecos bajo la infraestructura.

Aquel informe advertía del riesgo de hundimientos y del deterioro progresivo del terreno, afectado por la erosión y por la presencia de redes de servicios urbanos. Según fuentes con acceso al expediente, las conclusiones fueron trasladadas a las distintas administraciones competentes, pero no se tradujeron en ninguna actuación estructural notable.

Trece años después, la erosión ha dejado al descubierto un sistema de saneamiento al límite. La preocupación se extiende ahora a la estación depuradora, situada a escasos metros de la línea de costa tras el último temporal y con daños visibles en su cerramiento perimetral, según han denunciado empresarios y propietarios. Si el mar afectara a esta instalación, un vertido de aguas residuales podría afectar directamente al entorno del Parque Nacional de Doñana, elevando el problema de Matalascañas a una escala ambiental mucho mayor.

Pérdida de arena y origen del conflicto

Otro de los puntos de fricción es la falta de arena que sufre esta parte del litoral onubense. El Ayuntamiento de Almonte atribuye la situación a la alteración de la dinámica costera provocada por los espigones construidos décadas atrás en Huelva y Mazagón, que habrían reducido de forma drástica los aportes naturales de sedimentos.

Según el alcalde, Matalascañas ha dejado de recibir unos 300.000 metros cúbicos de arena al año que anteriormente reforzaban la playa de forma natural. El propio Ministerio estimó en 2018 que eran necesarios al menos 700.000 metros cúbicos para garantizar la resistencia frente a los temporales, una actuación que no se inició hasta la pasada semana, cuando los daños ya eran evidentes.

¿Un precedente para el litoral español?

La intervención de la UME en el edificio Alcotán marca un punto de inflexión difícil de ignorar. No se trata de una inundación puntual, sino de la desaparición física del suelo bajo los cimientos de un inmueble residencial. Mientras la subdelegación del Gobierno avanza la futura declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, en Matalascañas ya no se discute solo cómo reparar los daños, sino si este enclave turístico será el primero en asumir una retirada urbana planificada ante el empuje del mar.