Melilla invierte 10 millones de euros en bonos para atraer a 60.000 turistas

Melilla ha destinado más de 10 millones de euros de fondos públicos a un programa de bonos turísticos que, desde su puesta en marcha en octubre de 2023 y hasta comienzos de enero de 2026, ha permitido atraer a más de 60.000 visitantes. El Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por el PP, defiende que la iniciativa ha generado un retorno económico superior a los 50 millones de euros, según estimaciones del Ejecutivo local, y que se ha convertido en un instrumento clave para sostener la actividad en un territorio marcado por el encarecimiento del transporte y la fragilidad de sus conexiones con la península.

Según ha explicado en varias ocasiones el consejero de Turismo, Miguel Marín, el cálculo del impacto económico se ha realizado tomando como referencia el gasto medio del turista nacional y una estancia media de algo más de cuatro noches. Incluso en ese escenario conservador, sostiene el Ejecutivo local, el programa deja un saldo ampliamente positivo para la economía melillense. Marín ha insistido en que esos fondos permanecen en la ciudad y suponen un beneficio directo para los comerciantes, hosteleros y trabajadores autónomos locales.

Sin embargo, el análisis detallado del funcionamiento del sistema y el contraste con otros indicadores oficiales introducen dudas sobre la eficacia real del modelo. La inversión pública equivale a unos 166 euros por visitante, una cifra significativa para un destino que no ha logrado resolver sus problemas estructurales de accesibilidad y que sigue dependiendo de ayudas directas para resultar competitivo.

Un incentivo potente… y costoso

Como ha podido conocer THE OBJECTIVE, el programa de bonos turísticos de Melilla contempla descuentos de hasta el 75% en los billetes de avión o barco, con topes que alcanzan los 360 euros por persona en vuelos desde Madrid o Barcelona, y ayudas adicionales para el alojamiento, de hasta 20 euros por noche en hoteles de cuatro estrellas. A estas ventajas se suman otras modalidades menos habituales en políticas turísticas, como la posibilidad de alojarse en domicilios particulares o incluso en embarcaciones de recreo atracadas en el puerto.

Este diseño ha permitido ampliar el abanico de beneficiarios y elevar rápidamente la cifra de visitantes, pero también ha generado dudas sobre el impacto real en el sector hotelero y en la economía productiva de la ciudad. Parte del gasto subvencionado acaba, de forma indirecta, en manos de aerolíneas y navieras que operan las rutas con Melilla, mientras que el efecto arrastre sobre el pequeño comercio y el empleo resulta más difícil de medir.

Desde el Gobierno local se defiende que, sin este tipo de incentivos, muchos de esos viajeros no habrían elegido Melilla como destino. El propio Marín ha reconocido que los bonos funcionan como una medida «paliativa» ante la falta de inversiones estatales en infraestructuras y la ausencia de una política eficaz para abaratar el transporte aéreo y marítimo.

La paradoja del empleo turístico

Uno de los principales puntos de fricción aparece al cruzar las cifras de visitantes con los datos de empleo. Según estadísticas del Ministerio de Industria y Turismo, publicadas a través de Turespaña, Melilla y Ceuta han sido las únicas regiones donde el empleo turístico, en hostelería, agencias de viajes y operadores, no ha crecido al ritmo del resto del país en los meses de mayor actividad

Este contraste ha sido utilizado por la oposición para cuestionar el discurso oficial sobre el «retorno extraordinario» de los bonos. Vox Melilla ha hablado recientemente de un «espejismo» y ha puesto en duda que la llegada de decenas de miles de turistas subvencionados se traduzca en más afiliaciones a la Seguridad Social o en una mejora palpable del tejido productivo. El Gobierno local rechaza esa lectura y recuerda que el impacto del turismo no siempre se refleja de manera inmediata en las estadísticas laborales.

Igualmente, la dependencia de ayudas públicas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo. La propia Ciudad Autónoma ha dejado claro que mantendrá la inversión en bonos mientras el Gobierno central no garantice una conectividad «digna y asequible», especialmente con Málaga y Madrid. La reducción de frecuencias marítimas y el elevado precio de los billetes siguen siendo, según el Ejecutivo melillense, el principal freno para el desarrollo turístico.

Incertidumbre futura y fiscal

A las incógnitas económicas se suma un problema de carácter administrativo. La Consejería de Turismo ha admitido la existencia de un «caos jurídico» en torno al tratamiento fiscal de los bonos, ya que, al tratarse de una subvención directa al viajero, podría existir la obligación de declararlos en el IRPF. El Gobierno estudia fórmulas alternativas para canalizar la ayuda a través de agencias o empresas del sector y evitar así un posible desincentivo para los turistas.

Pese a las dudas sobre su encaje fiscal y el impacto real en el empleo, el programa de bonos cuenta ya con el respaldo presupuestario para 2026. La Ciudad Autónoma vincula la continuidad de este gasto a la evolución de la conectividad estatal; un escenario que mantiene a Melilla en una situación de dependencia de las ayudas directas para sostener sus cifras de visitantes mientras el problema del transporte siga sin una respuesta estructural.