‘Kichi’ impulsó el protocolo de personas sin hogar en Cádiz que ahora critica la izquierda
El «protocolo de la vergüenza» impulsa la polémica en la ciudad gaditana tras la muerte de cuatro personas sin hogar
Personas sin hogar duermen en la calle (Archivo) | Lorena Sopêna / Europa Press
Cuatro personas sin hogar han fallecido en las últimas semanas en Cádiz. Una de ellas, en el centro municipal Fermín Salvochea, habilitado las 24 horas durante un episodio de frío y lluvias. Las muertes, concentradas en apenas un mes, han reabierto con crudeza la conversación sobre la atención al sinhogarismo en la ciudad y han puesto en entredicho la actuación del Ayuntamiento.
En medio de esta crisis social estalló la denuncia del comité de empresa de la concesionaria de parques y jardines, que alertó de la existencia de un procedimiento interno que, según su versión, implicaría desalojos de personas sin techo y retirada de sus pertenencias durante operativos de limpieza en zonas verdes. Colectivos sociales hablaron de «protocolo de la vergüenza» y reclamaron su paralización.
A raíz de esas acusaciones, Adelante Izquierda Gaditana (AIG) anunció que promoverá una comisión de investigación para esclarecer qué instrucciones se han dado, con qué cobertura jurídica y bajo qué criterios. El actual equipo de gobierno ha negado que exista una política de hostigamiento y sostiene que las actuaciones se limitan a tareas de limpieza coordinadas con los Servicios Sociales.
Sin embargo, la discusión no es nueva. Según la información adelantada por Diario de Cádiz y la documentación municipal a la que han dado eco distintos medios locales, el procedimiento que regula estas intervenciones se redactó en 2020, durante el mandato del entonces alcalde, José María González, conocido como «Kichi».
Un repaso a la hemeroteca
Aquel verano, desde Alcaldía, según explican fuentes locales a THE OBJECTIVE, se solicitó un informe para definir la limpieza y desinfección diaria de los lugares ocupados por personas sin hogar. El documento fijaba un esquema concreto: aviso previo por parte de los Servicios Sociales en la víspera de la intervención, presencia de la Policía Local durante la operación y diferenciación entre efectos personales y residuos. También incluía una relación de puntos habituales de pernoctación, con la advertencia de que podían cambiar.
No fue una instrucción aislada. El Ayuntamiento dejó por escrito un marco de actuación específico para intervenir en zonas con asentamientos, delimitando funciones entre áreas municipales y empresas adjudicatarias.
Un año más tarde, el entonces regidor impulsó refuerzos de vigilancia y limpieza en determinados enclaves tras quejas vecinales por problemas de convivencia e higiene. Esas comunicaciones internas contemplaban además un seguimiento periódico para evaluar cómo se estaban aplicando las medidas.
Tras el cambio de Gobierno municipal en 2023, el área de Medio Ambiente emitió en 2024 un recordatorio interno sobre el modo de proceder en estos casos. El esquema mantenía la intervención previa de los Servicios Sociales y el acompañamiento policial durante la limpieza.
Las muertes que reactivan la polémica
La controversia actual está vinculada a lo ocurrido en enero. Las cuatro muertes registradas en pocas semanas —tres en la vía pública y una en un recurso municipal— provocaron concentraciones y reproches políticos cruzados. Colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) denunciaron públicamente prácticas que, a su juicio, suponen persecución y retirada sistemática de pertenencias a personas sin hogar, y exigieron el cese inmediato de cualquier actuación que pueda vulnerar derechos fundamentales.
En este contexto sensible, la denuncia sindical aumentó la presión sobre el gobierno local. AIG sostiene que los hechos conocidos requieren una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades. El Ejecutivo municipal insiste en que no se han ordenado expulsiones ni actuaciones fuera de la legalidad y que el procedimiento responde a criterios de salubridad y coordinación administrativa.
El documento que ahora sirve de munición política fue impulsado cuando gobernaba el mismo espacio político que hoy reclama explicaciones. Entonces se presentó como una herramienta para organizar servicios y atender quejas vecinales. Ahora, meses después, forma parte del debate sobre si la ciudad ha gestionado adecuadamente la situación de las personas que duermen en la calle.
Según explican vecinos consultados a este medio, más allá del choque partidista —que consideran cada vez más electoralista—, la prioridad es encontrar un punto medio para la ciudad: mantener los espacios públicos en condiciones y, al mismo tiempo, evitar que nadie se vea abocado a morir en la calle.