El Gobierno califica de «xenófobo» el plan de control de inmigrantes de Vox en Burgos
La alcaldesa y el PP burgalés se desmarcan de las «medidas electoralistas» de los de Abascal
La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. | Europa Press
El anuncio del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Burgos de que la Policía Local realizará inspecciones en pisos para detectar empadronamientos ilegales de inmigrantes ha provocado la reacción y el rechazo del Gobierno Central que ha calificado la medida de «xenófoba».
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha señalado en declaraciones a Europa Press, de las que se hace eco THE OBJECTIVE, que está en contacto con el Ministerio del Interior para «coordinar una acción que proteja los Derechos Humanos» y a la «ciudadanía de Burgos» frente a la «acción xenófoba» del Ayuntamiento de Burgos.
Su vicealcalde, Fernando Martínez-Acítores, de Vox, anunciaba que la Policía Local realizaría estas actuaciones, lo que para Sen supone una «intromisión en materias que competen a la Policía Nacional».
El delegado del Gobierno ha explicado que la identificación de las personas «no se puede realizar de forma aleatoria, atendiendo a criterios meramente visuales», y ha rechazado que en este caso se pueda hacer «atendiendo al color de la piel».
Cristina Ayala: «Ni el Grupo Popular ni la alcaldesa estamos de acuerdo»
Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, advierte de que «es una proposición con claros tintes electoralistas», al estar tan cerca la cita electoral del próximo domingo para el Parlamento Europeo y asegura que «ni el Grupo Popular ni la alcaldesa estamos de acuerdo».
Ayala ha asegurado que la medida propuesta por Vox tendrá que pasar por la Reunión de Coordinación del Ayuntamiento. Ayala ha recordado además que, según la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local, «la alcaldesa es la máxima autoridad con capacidad para dar instrucciones a la Policía Local».
Desmiente así las afirmaciones del vicealcalde Fernando Martínez-Acitores, quien había dicho que tenía libertad para implementar las medidas propuestas. Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que la Policía Local ya regula los empadronamientos y que el resto de las competencias corresponden a Policía Nacional.
Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, ha apuntado que «es muy difícil» que se dé una ayuda social a personas que no cumplen uno de los requisitos principales como es el empadronamiento.
En este sentido, ha señalado que «se recibiría un informe desfavorable por parte de los asistentes sociales» y, por tanto, «estas ayudas no se dan a la ligera» sino que se hace «un seguimiento».
Por su parte, el presidente del PP en Burgos, Borja Suárez, ha apuntado que «se trata de cumplir la ley y hacerla cumplir». En su opinión, «este es un debate impostado por el momento».
