Castilla y León pide eliminar el registro de viajeros propuesto por el Gobierno
La Junta plantea enormes dudas sobre el impacto del registro en la privacidad y derechos de los ciudadanos y visitantes
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, | TO
La polémica en torno al nuevo Registro de Viajeros, una iniciativa aprobada por el Gobierno de España en el Real Decreto-ley 933/2021, continúa generando una gran polémica, un debate que ha llegado a Castilla y León, según la información a la que hemos tenido acceso en THE OBJECTIVE.
A partir del 2 de diciembre, el Ministerio del Interior exigirá a los gestores turísticos que recopilen hasta 43 datos personales de todos los viajeros, según informó THE OBJECTIVE. Esta información incluye la residencia habitual, la relación de parentesco entre viajeros (especialmente si hay menores), el número de teléfono y varios datos relacionados con los métodos de pago, algo que ha generado un alto grado de malestar en los países que más turismo aporta a España, fundamentalmente en el Reino Unido.
No obstante, el Ministerio ha aprobado esta norma sin realizar la evaluación de impacto correspondiente de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta falta de análisis se reveló en una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por José Leandro Núñez García, abogado y socio de Audens, a la que ha tenido acceso este medio.
Postura de la Junta
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, participó este miércoles en el Consejo Español de Turismo, presidido por el ministro Jordi Hereu. En este foro de diálogo entre sectores público y privado, Santonja propuso derogar inmediatamente el Real Decreto 933/2021, que establece obligaciones de registro para personas y entidades que realizan actividades de hospedaje.
A pesar del aplazamiento anunciado por el Ministerio del Interior, la Junta de Castilla y León pide al Gobierno de España que derogue el decreto para negociarlo con asociaciones profesionales y definir su futuro alcance y las empresas afectadas.
El Real Decreto, que entrará en vigor el 3 de diciembre, exige un registro de datos para quienes realizan actividades de hospedaje y intermediación turística, incluyendo agencias de viajes. Según Santonja, el decreto representa un «ejemplo inaudito de vacatio legis» en la historia jurídica española. Su aplicación impone una carga documental excesiva, requiriendo al menos diecisiete datos a enviar al Ministerio del Interior, lo que incrementa los costes para los establecimientos hoteleros.
El consejero también señaló que el decreto no distingue entre tipos de hospedaje, afectando por igual a un hotel de cinco estrellas y a un albergue de peregrinos del Camino de Santiago. Esto podría hacer el decreto ineficaz y llevar al cierre de empresas incapaces de cumplir con las obligaciones y costos asociados.
El Consejo, que no se reunía desde 2022, aprobó una declaración institucional en apoyo al turismo, respaldada por la Junta. Santonja concluyó que la sostenibilidad del turismo debe abarcar no solo el medio ambiente, sino también la economía y el bienestar de la ciudadanía.
