Mañueco critica duramente a Sánchez por utilizar la inmigración como arma contra los territorios

El pacto hecho público el pasado martes entre el PSOE y Junts sobre la gestión de los menas, ha generado una fuerte polémica debido a los «criterios» de reparto que se han acordado entre ambos partidos.

Los criterios de reparto de los menores extranjeros no acompañados, tal y como ha publicado THE OBJECTIVE, han provocado enormes tensiones políticas, especialmente debido a las diferencias en la acogida planificada en las distintas comunidades autónomas.

Según señaló la representante del partido de Puigdemont, Miriam Nogueras, Madrid deberá acoger a más de 800 menas, mientras que en Cataluña, la cifra no superará la treintena. A pesar de los intentos del Gobierno por justificar esta distribución con supuestos criterios aleatorios, la medida no ha sido comprendida por el resto de territorios en España, y gran parte de sus representantes estudian elevarlo a la Justicia.

Valoración de Mañueco

Este desequilibrio propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un fuerte malestar entre los responsables políticos, destacando las disparidades en la distribución de los menores y la falta de consenso en la gestión de esta cuestión.

Uno de los líderes que ha planteado acciones legales para oponerse frontalmente al «chantaje permanente» a Sánchez ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Mañueco, visiblemente contrariado, ha señalado que «Sánchez mercadea con las personas inmigrantes para mantenerse en el poder y la inmigración debe ser una cuestión de Estado. Es inadmisible».

Igualmente, quiso remarcar que «en los últimos años, la Junta no ha variado su postura sobre el acogimiento de menores no acompañados. Castilla y León siempre ha sido solidaria y nuestro Gobierno ha mantenido sus valores y principios en todo momento».

Mañueco recordó que, en estos momentos, Castilla y León ya realiza un esfuerzo importante para dar cabida a los menores. «Actualmente, tenemos acogidos casi 200 niños y niñas, pero nuestro sistema está al límite de su capacidad. Estamos hablando de personas. Nunca permitiremos que vivan hacinadas o en condiciones que no sean las adecuadas».

Por último, el presidente señaló que «no tenemos una comunicación oficial por parte del Gobierno sobre el reparto, que, insisto, debería a ser acordado y jamás impuesto. He dado instrucciones a los servicios jurídicos para recurrir el decreto ley y las normas de desarrollo».