Castilla y León presenta en el Senado su modelo de política de vivienda como referente nacional
Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado el aumento del 80 % del parque público en alquiler y las medidas en ordenación del territorio
Comisión General CCAA del Senado sobre política de vivienda. | JCyL
El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y económicos del país. La escasez de oferta, especialmente en régimen de alquiler, el aumento sostenido de los precios y la concentración de la demanda en grandes núcleos urbanos dificultan cada vez más que muchas personas —en particular jóvenes, familias con rentas medias y bajas y población del medio rural— puedan acceder a una vivienda digna y asequible.
A esta realidad, según hemos conocido en THE OBJECTIVE, se suman problemas estructurales como la falta de suelo disponible, la lentitud en la gestión urbanística, el envejecimiento del parque inmobiliario y la limitada disponibilidad de vivienda pública. El resultado es un mercado tensionado, marcado por fuertes desigualdades territoriales, que exige soluciones innovadoras, sostenibles y alineadas con las nuevas necesidades sociales y demográficas.
Suárez-Quiñones en el Senado
La Junta de Castilla y León defendió este pasado lunes en el Senado su modelo de política de vivienda como una alternativa eficaz y sostenible ante los desafíos del contexto nacional.
Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó las principales líneas de actuación del Gobierno autonómico y destacó «la eficacia de un enfoque mixto, que combina promoción pública y activación del sector privado, con medidas de alto impacto social y territorial».
La Comunidad incrementará su parque público de alquiler en un 80 %, pasando de 2.600 a 4.600 viviendas durante el actual periodo legislativo. El parque en venta crecerá un 20 %, con 1.000 nuevas unidades.
Acciones implementadas
Este crecimiento se basa en la promoción de obra nueva, con más de 1.300 viviendas en alquiler y otras 1.000 en venta, la rehabilitación de inmuebles, con el programa Rehabitare como referencia, la adquisición directa de vivienda ya construida y otras iniciativas de regeneración urbana. Castilla y León prevé impulsar más de 3.200 viviendas nuevas hasta 2030.
La Junta ha sido pionera en utilizar herramientas de ordenación del territorio para facilitar la construcción de vivienda protegida, especialmente en el medio rural. Ha logrado reducir los trámites de planificación y gestión urbanística a menos de un año, y ha acortado los plazos de entrega de llaves a unos 24 meses.
Estas medidas se aplican en zonas con necesidad habitacional y actividad económica, como Aguilar de Campoo, Guijuelo, Ólvega o la Ribera del Duero, con el objetivo de fijar población, facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida, todo ello bajo el sello de calidad Tuya Calidad.
Suárez-Quiñones también subrayó el impulso a soluciones habitacionales modernas como el cohousing, la vivienda industrializada y los edificios pasivos y eficientes, adaptados a las nuevas demandas sociales y demográficas.
Alquiler asequible
En materia de alquiler asequible, la Junta ha multiplicado su inversión desde 2015, pasando de 5 a 50 millones de euros en 2024, con una inversión acumulada de 238 millones que ha beneficiado a más de 131.000 personas. Las ayudas pueden cubrir hasta el 75 % del coste del alquiler, con prioridad para quienes tienen ingresos inferiores a 24.000 euros anuales.
Castilla y León mantiene descuentos del 20 % en la compra de vivienda protegida, avales específicos para jóvenes menores de 35 años y beneficios fiscales para facilitar la adquisición, rehabilitación o alquiler de viviendas en el medio rural, donde prácticamente se eliminan los impuestos por transmisión de inmuebles.
Además, la Junta impulsa reformas normativas que permiten al sector privado desarrollar vivienda protegida sobre suelo dotacional, reconvertir locales comerciales en viviendas en zonas urbanas y ajustar los precios máximos de la vivienda protegida según las condiciones del mercado.
«El modelo de Castilla y León demuestra que, con rigor, innovación y cercanía a las necesidades reales de los ciudadanos, es posible garantizar el derecho a la vivienda y combatir la despoblación», concluyó Suárez-Quiñones.