El PP pierde la aprobación de una ley en Castilla y León por primera vez en 37 años

Las Cortes de Castilla y León han asistido este miércoles, por primera vez en 37 años, a una derrota del PP en la votación de una ley, la modificación de la Ley de Publicidad Institucional, en la que han sumado sus votos el PSOE, Vox, Unidas Podemos, además del exvicepresidente de la Junta y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea.

Según informa EFE, la abstención de UPL-Soria Ya -6 votos-, y los votos contrarios del PP, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos -ex de Vox-, que han sumado 34 votos, no han podido frenar esta reforma avalada por la mayoría parlamentaria de 41 de los 81 procuradores que componen el Parlamento autonómico.

Esto ha hecho que el proponente de esta reforma, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, vea esta jornada como un «día histórico» por «acabar con más de tres décadas de control» de medios de comunicación por parte de la Junta, lo que ha vinculado con los triunfos electorales del PP.

El acuerdo «de mínimos» alcanzado por formaciones tan alejadas ideológicamente como PSOE, Vox y Podemos se ha basado en la necesidad de limitar los efectos que, en su opinión, tiene sobre los medios de comunicación la contratación de publicidad institucional por parte de la Junta, mientras que el PP ha defendido que esta reforma va a significar el cierre de algunos medios y hasta hablan de censura.

Los cambios que introduce

Entre otras modificaciones, esta reforma implica cambios en la relación de la televisión privada Castilla y León Televisión con la Junta de Castilla y León, al crear un nuevo órgano de evaluación de la financiación (aprobados 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026) vinculado al control de las Cortes y obligar a convocar en tres meses un nuevo concurso, lo que cuestiona el destino de esas aportaciones.

Otro de los puntos clave de esta reforma es la limitación de contratar publicidad institucional por un importe máximo equivalente al 33% de la facturación de cada medio de comunicación, lo que ha generado el rechazo de algunas empresas que creen que les aboca al cierre, por lo que los grupos proponentes han anunciado que matizarán esa medida con otra proposición de ley para concretar que esa limitación únicamente afectará a los contratos de la Junta y no a los de otras instituciones y fundaciones públicas.

También hay avances en lo que fue la idea inicial de esta proposición de ley, al impedir la contratación de publicidad institucional con medios de comunicación que hayan sido condenados de forma reiterada (dos condenas en los últimos tres años) a rectificar informaciones por vulnerar derechos como al honor, la intimidad o la propia imagen, o haber incurrido en delitos de odio.