Mañueco anuncia cifra récord en ayudas al alquiler de la Junta: más de 21.000 familias beneficiadas
El importe medio de la subvención es de 2.331 euros, un 5,81% más que el anterior, y todos los pagos se realizarán en el mes de julio
Presentación de medidas en materia de vivienda de la Junta de Castilla y León. | JCyL
El acceso al alquiler se ha convertido en uno de los principales retos sociales en Castilla y León, especialmente para jóvenes, familias con bajos ingresos y quienes viven en el medio rural.
La combinación de precios al alza, escasa oferta asequible y dificultades para emanciparse o mantener un hogar ha empujado a miles de personas a depender en gran medida de ayudas públicas para hacer frente al alquiler.
A ello, según hemos podido conocer en THE OBJECTIVE, se suma la inseguridad jurídica que perciben algunos propietarios, derivada de una legislación estatal que, con el objetivo de proteger al inquilino vulnerable, en ocasiones dificulta garantizar el cumplimiento de los contratos.
Política de vivienda
En este contexto, la Junta de Castilla y León ha reforzado su política de vivienda con una convocatoria histórica de ayudas al alquiler, que alcanza cifras récord tanto en número de beneficiarios como en presupuesto.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes la resolución definitiva de las ayudas al alquiler correspondientes a la convocatoria de octubre de 2024, que mañana se publica en el BOCyL. El dato clave: 21.006 familias recibirán esta ayuda, con un presupuesto histórico de casi 49 millones de euros, un 13,82% más que el año anterior.
Para cubrir todas las solicitudes que cumplían los requisitos, la Junta ha añadido 29,4 millones de euros extra al presupuesto inicial de 19,5 millones, alcanzando así los 48,9 millones. El resultado: ninguna lista de espera y, por noveno año consecutivo, se garantiza el acceso a todos los que reúnen las condiciones.
Un modelo de vivienda con impacto social real
Durante la presentación, Mañueco destacó que estas ayudas reflejan un modelo de vivienda orientado a las personas, pensado especialmente para apoyar el medio rural y dar estabilidad a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León. El presidente defendió que se trata de una política útil, eficaz y con fuerte carácter social, nacida del consenso con los agentes del Diálogo Social.
Más ayuda para jóvenes, familias y personas vulnerables
Un año más, se mantiene el incremento del porcentaje de ayuda, que pasa del 40% al 50% de la renta, y llega hasta el 60% para jóvenes menores de 36 años y el 75% si viven en el medio rural o están en situación de vulnerabilidad sobrevenida.
También se han ampliado los límites de ingresos (hasta 5 veces el IPREM para algunos colectivos), y se han elevado los topes máximos de renta de alquiler: de 375-500 euros anteriores a 450-550 euros mensuales, según la zona.
La convocatoria permite además subvencionar el alquiler de habitaciones, con ayudas de hasta 150 euros en pueblos y 200 euros en zonas urbanas. El plazo para solicitar las ayudas se amplió hasta el 31 de enero de 2025, facilitando también la presentación de justificantes.
Un proceso ágil y transparente
La media de la ayuda concedida asciende a 2.331 euros por familia, un 5,8% más que en la edición anterior. La Junta ha tramitado y resuelto todas las solicitudes en cinco meses y medio, gracias al trabajo de unos 50 empleados públicos. Todos los pagos se realizarán durante el mes de julio.
Perfil de los beneficiarios
La convocatoria ha recibido un total de 31.362 solicitudes, lo que supone un incremento del 14,93% respecto al año anterior. Finalmente, se han concedido ayudas a 21.006 familias, con un marcado perfil social.
Más del 60% de los beneficiarios son mujeres, en total 12.694. Cerca del 30% son jóvenes menores de 36 años, con una mayoría femenina dentro de este grupo (el 64,4%). También hay un número importante de personas mayores de 65 años que reciben ayuda: 2.111 en total, con 1.328 mujeres en ese tramo de edad.
Las familias numerosas también tienen una presencia destacada, con 2.260 unidades familiares beneficiarias, de las que 705 pertenecen a la categoría especial.
El colectivo de personas con discapacidad también está presente en esta convocatoria, con 4.003 hogares donde al menos uno de los miembros tiene alguna discapacidad.
Además, hay 185 beneficiarios que han perdido el derecho a usar la vivienda por una sentencia de separación, divorcio o nulidad, y cuatro personas figuran entre las víctimas del terrorismo.
En cuanto al tipo de vivienda, 146 ayudas se destinan a alquileres de habitaciones y 20.860 a viviendas completas.
El 22,4% de los beneficiarios vive en municipios rurales con alquileres máximos de 450 euros, y dentro de ese grupo, un 30,29% son jóvenes.