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Castilla y León

Castilla y León se rebela contra el Gobierno y no irá a la Sectorial sobre menores inmigrantes 

La comunidad se opone al «intento de imposición» del Ejecutivo central al convocar la conferencia con un orden del día ilegal

Castilla y León se rebela contra el Gobierno y no irá a la Sectorial sobre menores inmigrantes 

Una persona de Cruz Roja sostiene a un menor a su llegada en Tenerife (España). | Antonio Sempere / E. Press

La Junta de Castilla y León ha renunciado a asistir al Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud previsto para este jueves 17 de julio, en respuesta a la «postura de imposición constante y falta de diálogo» por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en el proceso de reparto de menores no acompañados, menas, entre las comunidades autónomas.

Con esta decisión, Castilla y León se opone al «intento de imposición» del Gobierno de España, encargado de convocar una Conferencia Sectorial con un orden del día calificado de «ilegal», ya que fue rechazado por mayoría en la Comisión Sectorial previa, uno de los requisitos obligatorios que exigen las normas que rigen su funcionamiento.

Isabel Blanco, vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha negado a convertir a los menores en «objetos de intercambio político, porque son personas a las que hay que proteger y deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como coartada para resolver las urgencias parlamentarias». Además, Blanco, ha reprochado al Gobierno, que en lugar de actuar con responsabilidad, se está utilizando a estos menores como «escudo político».

La vicepresidenta ha destacado que su compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez, y apuntó que el reparto diseñado por el Gobierno «solo busca enfrentar a las comunidades entre sí al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios en el Congreso». Frente a esto, ha reclamado respeto institucional y aseguró que no se puede gobernar a «golpe de decreto, sin escuchar a las autonomías y despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios».

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