La Junta de Castilla y León exige al Gobierno abordar la situación del lobo ibérico en España
Junto a otras diez comunidades y las dos ciudades autónomas, ha remitido una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica
Ejemplar de lobo ibérico. | TO
La gestión del lobo ibérico en España enfrenta un escenario complicado. El aumento de la población en algunas zonas ha generado un alza en los ataques al ganado, lo que preocupa a los ganaderos que demandan medidas más efectivas para proteger sus explotaciones.
Aunque la especie sigue protegida por normativas nacionales y europeas, según hemos podido conocer en THE OBJECTIVE, algunas comunidades, especialmente Castilla y León, exigen mayor autonomía para gestionar el lobo.
Igualmente, reclaman aplicar criterios científicos y aprovechar los cambios recientes en la legislación europea para controlar la especie sin poner en riesgo la ganadería. Esta tensión mantiene abierto el debate sobre cómo conciliar conservación y actividad rural.
Carta al Ministerio
En una carta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a representantes de Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, denuncian la cancelación arbitraria de la Conferencia Sectorial prevista para el 22 de julio.
Igualmente, desde los territorios afectados por la gestión del lobo, critican que el Ministerio ignoró la solicitud de convocatoria realizada por más comunidades de las requeridas por el reglamento.
Los firmantes aclaran que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo no impide aprobar el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo. Tampoco incluye medidas cautelares que suspendan la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.
Las comunidades recuerdan que este informe, exigido por la Directiva Hábitats, debe aprobarse antes del 31 de julio. Insisten en que su aprobación no depende del estatus legal del lobo como especie protegida.
En la propuesta de orden del día también se incluían asuntos urgentes, como el reparto de fondos del programa PIMA Cambio Climático y de los fondos para la conservación de Especies Críticas 2025. Ambas líneas de ayuda resultan esenciales para ejecutar inversiones en biodiversidad.
Por último, las comunidades advierten que, si el Ministerio no responde en un plazo de dos días hábiles, se reservan el derecho de emprender acciones legales.