El Consejo Consultivo de Castilla y León advierte riesgos de inconstitucionalidad en la Ley de Publicidad Institucional
El informe concluye que la norma que las Cortes aprobaron el 25 de junio excede competencias del Estado y establece límites económicos arbitrarios para medios locales
Imagen de archivo del pleno de las Cortes de Castilla y León. | CCyL
El Consejo Consultivo de Castilla y León advierte la posible inconstitucionalidad de cinco previsiones de la Ley 1/2025 de Publicidad Institucional, que las Cortes aprobaron el 25 de junio de 2025. La Consejería de la Presidencia solicitó en julio al Consejo un dictamen para clarificar la interpretación y la aplicación de la norma ante dudas sobre su compatibilidad con la legislación estatal y los principios de igualdad y libre concurrencia, según información recogida por THE OBJECTIVE. El dictamen identifica riesgos legales que el Ejecutivo autonómico ya había señalado y pone en cuestión varias disposiciones centrales de la ley.
Veto a medios con sentencia: invasión competencial
El Consejo Consultivo concluye que la ley veta a los medios condenados en sentencia firme para contratar publicidad institucional, una prohibición que la normativa estatal básica no contempla. El órgano recalca que la legislación penal corresponde al Estado; por tanto, la Comunidad no puede imponer sanciones adicionales ni ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo que autoriza la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional.
Tope del 33%: arbitrariedad y daño a la pluralidad
El informe considera arbitrario el tope que limita al 33% los ingresos que un medio puede obtener por contratos de publicidad institucional respecto a su cifra de negocio anual. El Consejo advierte que ese límite discrimina a los medios pequeños y locales, reduce la libre concurrencia en la contratación pública y amenaza la pluralidad informativa al colocar barreras económicas que no justifican proporcionalmente el interés público perseguido.
Regulación laboral y consecuencias jurídicas
El Consultivo señala que la ley introduce previsiones sobre la subrogación de trabajadores vinculados a concesiones de la televisión autonómica, materia que el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos regulan a nivel estatal. Al regular esa cuestión, la norma invade competencias laborales del Estado y genera inseguridad jurídica para empresas y trabajadores afectados.
El dictamen apunta, al menos, a estas cinco previsiones susceptibles de inconstitucionalidad:
- Veto a medios condenados en sentencia firme para contratar publicidad institucional.
- Límite del 33% de la cifra de negocio anual por ingresos procedentes de publicidad institucional.
- Ampliación de prohibiciones de contratación más allá de la legislación estatal básica (invasión competencial).
- Medidas de carácter punitivo que exceden la competencia autonómica en materia penal.
- Regulación de la subrogación de trabajadores en concesiones televisivas que invade la competencia laboral del Estado.
González Gago: «El dictamen avala lo que la Junta venía señalando desde el inicio»
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, resumió la posición del Ejecutivo: «El dictamen del Consejo Consultivo avala lo que la Junta venía señalando desde la entrada en vigor de la ley: esta norma no solo excede las competencias autonómicas, sino que también vulnera principios constitucionales fundamentales».
El Consejo Consultivo recuerda que la Ley 1/2025 sigue vigente y obliga a la Administración autonómica. Sin embargo, advierte que los medios o empresas que consideren que alguna disposición les afecta deberán recurrir a los tribunales para impugnarla, lo que aumenta el riesgo de litigios y aconseja aplicar la ley con cautela.