El 90% de las personas con problemas de salud mental viven con sus familias cuando envejecen

El 90% de las personas que sufren problemas de salud mental en Castilla y León vive con sus familias de origen, muchas veces con progenitores de avanzada edad, claro ejemplo de la necesidad de implantar un modelo de atención integral y comunitaria con enfoque biopsicosocial y de derechos para mejorar en asistencia.

Esta es una conclusión del informe ‘Atención integral a las personas con salud mental que envejecen en Castilla y León’ presentado en la sede del Consejo Económico y Social y que ha contado con la participación del presidente del órgano, Enrique Cabero, el gerente de la Federación Salud Mental, Ángel Lozano, y la presidenta de la misma, Elena Briongos.

El estudio es una iniciativa impulsada por la Federación salud con el apoyo de Fundación Caser, combina diferentes metodologías y recoge datos de más de 320 personas mayores de 45 años con problemas de salud mental, además de entrevistas y grupos de discusión con familiares y profesionales del sector. «Su objetivo ha sido conocer la realidad de este colectivo en la comunidad, identificando perfiles, necesidades, factores de riesgo y propuestas de atención integral», ha explicado Lozano.

Ángel Lozano, ha mostrado que las personas con trastorno mental grave experimentan «un envejecimiento biológico más temprano», una esperanza de vida más corta y una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, con especial incidencia en las mujeres. «Es algo que se ve ya en personas de 45 años y está unido a los efectos secundarios de los fármacos, los bajos niveles de actividad física, así como peores hábitos de vida», ha argumentado.

También constata que cerca del 90% de estas personas vive con sus familias de origen, muchas veces con progenitores de edad avanzada, y un alto porcentaje de las personas mayores lo hace en soledad, sobre todo en zonas rurales, lo que aumenta su riesgo de exclusión social. En este sentido, el gerente de la federación ha detallado que el 77% de las 30.000 personas con esta discapacidad que hay en la comunidad superan los 45 años, por lo que hay que incrementar el modelo que «cuide al cuidador, que preste apoyo a ese binomio familia-paciente y que se generen recursos profesionales para dar respiro a quienes ejercen de cuidadores».

El informe muestra una fuerte feminización del envejecimiento en salud mental, nivel alto de desempleo o ausencia de ingresos, dependencia de cuidados familiares, principalmente de madres y hermanas, y personas residentes en entornos rurales con dificultades para acceder a servicios especializados. El informe analiza los factores de riesgo, donde destacan la comorbilidad física, los efectos de la polimedicación, la depresión, la ansiedad, la ideación suicida, el aislamiento social, la estigmatización y las desigualdades territoriales.

Las necesidades del colectivo son múltiples y abarcan desde una atención sanitaria y de salud mental continuada y personalizada, hasta recursos de apoyo a la autonomía, pasando por una vivienda adecuada o programas específicos para mujeres mayores. En definitiva, el informe concluye que el colectivo afronta un envejecimiento acelerado y desigual, marcado por la soledad y el aislamiento, con un acceso insuficiente a recursos especializados y un fuerte impacto del estigma social.

Cabero ha incidido en que esta situación es «nueva» y une dos aspectos como la «longevidad» y la «salud mental». «El debate sobre la salud mental se ha situado entre las prioridades del debate ciudadano, político y normativo y la Federación salud mental tiene mucho que ver con todo este impulso», ha detallado para poner el foco en que con este estudio se pueden dar «nuevas respuestas» que han de ser «integrales», «dar el salto desde lo sanitario a lo sociosanitario e incluso lo psicosocial».