Castilla y León exige transparencia al Gobierno en el nuevo Plan Estatal de Vivienda
El consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, alerta de la falta de participación autonómica en su elaboración
Construcción de viviendas. | Europa Press
El problema de la vivienda en España se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para los ciudadanos, según el propio CIS. Curiosamente, según hemos conocido en THE OBJECTIVE, cuando el gobierno de Pedro Sánchez inició su mandato, esta cuestión ni siquiera figuraba entre las diez preocupaciones principales de la población.
Hoy, millones de familias sufren los efectos de la subida descontrolada de los precios de alquiler y compra, sobre todo en las grandes ciudades. Esto dificulta que los jóvenes puedan emanciparse y que los hogares con menos recursos accedan a una vivienda digna.
La falta de vivienda asequible y la descompensación entre oferta y demanda generan precariedad y exclusión, afectando directamente a la calidad de vida. Por ello, la Junta de Castilla y León ha alertado sobre la falta de compromiso y transparencia del Ministerio, reclamando medidas efectivas que realmente solucionen el problema.
Revuelta autonómica
La Junta de Castilla y León, junto con otras diez comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, ha criticado la presentación unilateral del borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Los gobiernos autonómicos reclaman un diálogo real, respeto al reparto competencial y una negociación efectiva que beneficie a los ciudadanos.
En una declaración conjunta, las autonomías firmantes denuncian la falta de lealtad institucional y la ausencia de un trabajo técnico conjunto, algo que debería de resultar obligatorio para afrontar el principal problema al que se enfrentan los ciudadanos en España.
Falta de participación
Señalan que el borrador se ha dado a conocer apenas días antes de la Conferencia Sectorial, sin cauces de participación reales, y que el Ministerio lo ha presentado públicamente como definitivo, dejando a las autonomías únicamente la posibilidad de alegar al final del proceso, a pesar de ser responsables de ejecutar y cofinanciar las medidas.
Por ello, la Junta y las demás comunidades exigen que el Gobierno central respete las competencias autonómicas, escuche a quienes representan al 70 % de la población y abra un proceso de negociación que incluya sesiones técnicas y grupos de trabajo para alcanzar acuerdos útiles para los ciudadanos.
La Junta subraya que la vivienda es un derecho esencial y mantiene su disposición a colaborar para ofrecer soluciones reales a familias, jóvenes y colectivos vulnerables.