Castilla y León carga contra el Gobierno por el retraso en los fondos de formación
La Junta carga contra el Gobierno por su tardanza y falta de diálogo: «pone en riesgo la empleabilidad en Castilla y León»
Leticia García en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras. | JCyL
La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha participado este pasado miércoles en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras, una reunión —presencial y virtual— centrada en el reparto de los fondos de formación que gestionan las comunidades autónomas para el año 2025.
García, según hemos podido conocer en THE OBJECTIVE, ha mostrado su malestar por el retraso en la distribución de estos fondos y ha exigido al Ministerio que cumpla la Ley General Presupuestaria, de modo que los créditos se repartan en el primer trimestre del año, dando tiempo a las comunidades a planificar sus programas de formación.
Reparto de fondos 2025
La consejera, que ha coincidido con las críticas de otras autonomías, ha subrayado que «no tiene sentido celebrar una conferencia en octubre para repartir fondos de 2025», cuando por ley ya deberían estar comprometidos.
Aunque Castilla y León podrá ejecutar los fondos, García ha reconocido que será posible solo gracias a la presión conjunta de varias comunidades, lo que ha permitido conseguir una prórroga excepcional hasta junio de 2026. Además, el Ministerio se ha comprometido a mejorar los plazos de cara a 2026.
Sin la ministra
La titular de Industria también ha lamentado que la conferencia se haya celebrado sin la presencia de la ministra, algo que considera una «falta de respeto institucional», y ha criticado que el Ministerio intentara modificar las normas de reparto sin consulta previa.
Desde la Junta se ha insistido en la necesidad de dar más flexibilidad a la ejecución de los fondos, adaptándolos a las demandas del tejido productivo para formar perfiles que realmente respondan al mercado laboral.
Falta de diálogo
Según García, la única respuesta del Ministerio ha sido un «seguiremos trabajando», sin presentar una planificación concreta.
En su opinión, esta gestión pone en riesgo la empleabilidad en Castilla y León por su tardanza, falta de diálogo y escasa capacidad de adaptación a las necesidades reales de las comunidades.