Uno de cada cuatro habitantes de Castilla y León está en riesgo de pobreza
EAPN hace un llamamiento para acelerar el desarrollo del Pacto Social por las Familias y dotarlo de la ambición

Presentación del informe 'El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León'. | E.Press
Casi una de cada cuatro personas de Castilla y León está en riesgo de pobreza, una situación que se agudiza en las zonas rurales y entre las mujeres, según el XV Informe ‘El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León’ elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).
El informe se ha presentado en el Consejo Económico y Social (CES) con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en un acto al que han asistido el presidente del CES, Enrique Cabero, y el de EAPN Castilla y León, Óscar Castro, quien ha recordado que la lucha contra la exclusión social «no es solo una labor y una cuestión de solidaridad, sino un imperativo global de derechos humanos».
Castro, ha señalado que el informe, elaborado con una muestra de 4.018 personas y referente a 2024, es «preocupante» porque refleja que casi una de cada cuatro personas en la comunidad vive en riesgo de pobreza, un 24%, lo que supone unas 574.000 personas, aunque la pobreza severa desciende hasta el 8,4%. «Es una mejoría, pero inaceptable en términos de justicia social», ha apuntado.
El presidente de EAPN ha destacado que un tercio de la infancia en Castilla y León, el 31,8% de la población, vive en riesgo de pobreza o exclusión social. «La pobreza infantil sigue siendo el rostro más injusto y doloroso de esta realidad», ha asegurado Castro, quien ha añadido que les preocupa la pobreza infantil, pero también la juvenil, porque los jóvenes de 18 a 29 años son el segundo grupo de riesgo.
Brecha rural y de género
Se mantiene la brecha territorial, mientras que en las ciudades la tasa Arope es de un 20% de media, en el medio rural alcanza el 30%. «Una diferencia que refleja, bien a las claras, que la desigualdad de oportunidades es palpable según el lugar donde se viva», ha matizado. Asimismo, otra de las brechas de las que considera que «ni se puede, ni se debe» dejar de hablar es la de género, dado que la mujer se encuentra en mayor riesgo que los hombres.
La tasa de pobreza en Castilla y León se sitúa en el 18,5% y la pobreza severa en el 8,5%. Por su parte, la tasa de carencia material y social se sitúa en el 6,5% y la baja intensidad de empleo es del 7%. Castro ha destacado que, sin la acción de las administraciones públicas, la pobreza se encuentra en todos los indicadores y llegaría al 45,7% de la población.
Todo ello, demuestra que aunque las políticas públicas funcionan, es necesario «seguir reforzándolas». Óscar ha advertido de que nada será sostenible si no se avanza hacia una justicia fiscal real, que asegure los recursos para sostener los derechos sociales porque «no basta con que la economía crezca», tiene que ser «con equidad». «La pobreza no es solo una carencia de recursos, es también una consecuencia de la desigualdad en la distribución de la riqueza», ha asegurado Óscar Castro.
Pacto por las familias
En este contexto, el presidente de EAPN ha señalado la «oportunidad única» que supone el Pacto Social por las Familias de Castilla y León para, entre las administraciones y las entidades sociales, fortalecer el apoyo a las familias, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, por lo que ha hecho un llamamiento a acelerar el desarrollo del Pacto. Finalmente, ha agregado que reducir la pobreza, «no es solo una cuestión de justicia, es una estrategia de desarrollo y una sociedad más igualitaria es una sociedad más fuerte, más innovadora y rica en todos los sentidos».
En este marco, el presidente del CES ha apuntado que la pobreza y la exclusión social son los problemas «más graves» del Estado Social y Democrático de Derecho y ve necesario esforzarse «colectivamente» desde los poderes públicos y la sociedad en corregir este fallo, que afecta directamente a la legitimación del propio sistema.
Enrique Cabero ha señalado que la principal conclusión que extrae es que es «imprescindible articular medidas políticas de erradicación de la pobreza porque por sí misma no se soluciona». Así, ha abogado por actuar en la distribución de la renta, en la garantía de las rentas mínimas, de los ingresos mínimos, en materia de prestaciones sociales, de servicios públicos, «que todos ellos contribuyen a la mejora de esta situación».