La Junta de Castilla y León respalda a los vecinos afectados por la okupación ilegal en Arroyovereda
Los vecinos afectados trasladaron su malestar por la inacción de la Sareb y del Gobierno central
Reunión con representantes de Arroyovereda. | JCyL
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido una reunión con los vecinos afectados por la okupación ilegal de viviendas en la urbanización Arroyovereda, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Acompañado por la directora general de Vivienda, María Pardo, el consejero escuchó de primera mano los graves problemas de convivencia, seguridad y deterioro urbano que sufren los residentes desde 2022, cuando comenzó esta situación.
Durante el encuentro, Suárez-Quiñones mostró su preocupación por el impacto que esta problemática está teniendo en la convivencia y la seguridad del entorno.
«La Junta está del lado de los vecinos y de la legalidad», afirmó el consejero, quien reafirmó —según ha podido conocer THE OBJECTIVE— el compromiso del Ejecutivo autonómico de colaborar con el Ayuntamiento y las Fuerzas de Seguridad para restaurar la normalidad en el barrio.
Seguimiento de la Junta
La Consejería realiza un seguimiento continuo de estos casos en Castilla y León, especialmente en aquellas zonas donde la ocupación irregular genera problemas de convivencia o inseguridad.
El consejero recordó que la Junta defiende el derecho a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad, y subrayó la necesidad de respetar los derechos de los propietarios y de las comunidades.
Los vecinos, que soportan esta situación desde hace más de tres años, trasladaron su malestar por la falta de actuación de la Sareb y del Gobierno central.
Los vecinos denunciaron los impagos de los gastos de comunidad, la degradación de los espacios comunes y la pérdida del valor de sus viviendas. También reclamaron una mayor agilidad judicial y la adopción de medidas que eviten nuevas ocupaciones.
Suárez-Quiñones criticó la Ley por el Derecho a la Vivienda, impulsada por el Gobierno central, al considerar que «ampara a los ocupas ilegales» y dificulta la recuperación de las viviendas. Subrayó que la Junta seguirá apoyando reformas legales que protejan a los propietarios y garanticen la seguridad vecinal.
«El Gobierno autonómico no va a tolerar ni justificar la ocupación ilegal bajo ninguna circunstancia», insistió el consejero, quien apeló a la colaboración de todas las administraciones para restablecer la convivencia y la confianza de los ciudadanos.
Oficinas antiocupación en toda la Comunidad
Para prevenir y actuar ante nuevos casos, la Junta mantiene un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana, que permite ofrecer oficinas antiocupación en todas las provincias de Castilla y León.
Estos puntos ofrecen asesoramiento a los ciudadanos en materia de prevención, actuación inmediata y trámites legales, tanto de forma presencial como a través del teléfono 012 y de las páginas web de las Cámaras. Hasta octubre de 2025, las oficinas habían atendido 305 consultas presenciales y más de 11.900 telemáticas, una cifra que refleja la creciente preocupación social ante este problema.