La Plataforma por el Soterramiento reprocha a Óscar Puente el intento de disolver la Sociedad Alta Velocidad
La organización reclama rectificaciones, denuncia daños ambientales y propone un plan para iniciar el soterramiento
Momento de la rueda de prensa de los portavoces de la Plataforma Ciudadana por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid. | PSFV
La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid aseguró en rueda de prensa que la propuesta del Ministerio de Transportes para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) intenta imponer un modelo de ciudad que la ciudadanía no comparte. El colectivo pidió diálogo, rectificaciones y la recuperación del soterramiento como la mejor solución urbanística, tal y como recalcan las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE.
La Plataforma rechaza la disolución y denuncia presiones
La Plataforma reprochó al ministro de Transportes, Óscar Puente, que utilice «chantajes» —como la nueva estación en superficie— y «amenazas» —entre ellas la disolución de la SVAV— para condicionar el futuro del ferrocarril en Valladolid. Los portavoces afirmaron que no existe ninguna razón objetiva que justifique esta decisión y denunciaron una actitud de «prepotencia y soberbia».
El colectivo recordó que el convenio en vigor incluye compromisos que el Estado no cumple: una estación de autobuses prevista como soterrada que ahora se plantea en superficie; la ausencia de los 326 millones que debían obtenerse por la venta de suelo hasta 2025; y un incremento del coste de la estación, que pasa de 70 a 212 millones. La Plataforma sostuvo que esta situación conduce a la ciudad hacia un callejón sin salida y que un proceso judicial se alargaría durante años con resultados inciertos.
Una alternativa técnica para arrancar el soterramiento
La Plataforma señaló que mantiene su disposición al diálogo y presentó una propuesta técnica para activar el soterramiento. El plan consiste en construir una estación soterrada de unos 80 millones, como recoge el convenio de 2017, y ejecutar un primer tramo de 2.500 metros hacia el norte con un coste máximo estimado de 250 millones. La segunda fase completaría el proyecto en dirección sur.
El colectivo reclamó modificar el convenio de 2017, paralizar la nueva estación por su elevado coste y recuperar el soterramiento como verdadera operación de integración urbana. Subrayó que los túneles actuales no reducen la marginación de los 90.000 vecinos que viven al otro lado de las vías.
Exigencias ambientales y sociales
La Plataforma exigió la dimisión de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por permitir un «grave atentado ecológico» en el río Esgueva, en el entorno del puente de Pilarica, debido a las obras de la tercera vía. El colectivo presentó esta denuncia en la Delegación del Gobierno.
La organización pidió además varios estudios técnicos y urbanísticos: uno que evalúe el impacto del muro ferroviario en la vida de los ciudadanos; otro que compare de forma objetiva la integración en superficie con el soterramiento; y un tercero que analice con rigor las distintas soluciones constructivas —muros pantalla, tuneladora o propuestas mixtas—. También solicitó una valoración económica completa que incorpore el valor real del suelo liberado y la aportación social de la infraestructura. La Plataforma exigió explicaciones sobre por qué el Estado financia al 100% proyectos ferroviarios en otros municipios mientras Valladolid no recibe el mismo trato.
Un proyecto de ciudad con un corredor verde
El colectivo defendió que el soterramiento permitiría generar un corredor verde de más de 150.000 metros cuadrados con instalaciones deportivas, culturales, ecológicas y de convivencia, convirtiéndose en una de las mayores transformaciones urbanas de Valladolid. La Plataforma pidió al ministro que abandone «su actitud soberbia» y que reciba a sus representantes para negociar un proyecto viable que beneficie a toda la ciudad.