Empieza el juicio contra Artur Mas por la consulta del 9-N

Sobre las 09.30, media hora más tarde de lo previsto, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau se personaban en el Tribunal Constitucional para declarar por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. «Vamos con la cabeza bien alta, lo volveríamos a hacer», afirmaba este domingo el expresidente de la Generalitat. A primera hora de este lunes el presidente Carles Puigdemont ha afirmado en una escueta declaración institucional que la causa del 9-N «nunca tendría que haber llegado a los tribunales”. La Fiscalía pide diez años para Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación y nueve para sus colaboradoras.

A primera hora de la mañana miles de catalanes a gritos de «independencia» o «fuera la justicia española» rodeaban el tribunal de Barcelona. Durante cinco días, Mas, Ortega y Rigau deberán defenderse de las acusaciones de desobediencia grave y prevaricación. Todo por su papel en la consulta simbólica sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre de 2014, a pesar de que el Tribunal Constitucional la suspendió cinco días antes, en la que participaron 2,3 millones de personas.

Desde la sede del gobierno regional Puigdemont, junto a una amplia comitiva de autoridades públicas, acompañó a los tres encausados hasta el Palacio de Justicia. Rodeados de miles de manifestantes, los tres acusados recibieron un baño de multitudes mientras recorrían la larga avenida, decorada con las letras de «Democracia». «No tiene sentido juzgar esto, el hecho de votar. El mundo avanza cuando se vota y eso no se puede parar ni juzgar», ha apuntado a la AFP Jordi Arcarons, un manifestante de 39 años que había pedido llegar más tarde a su trabajo de organización de eventos. Los independentistas quieren utilizar este proceso como una tribuna para su causa en un momento de creciente tensión con el gobierno conservador español de Mariano Rajoy. El ejecutivo catalán se muestra dispuesto a cumplir su promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación en septiembre, aunque sea sin permiso de Madrid, y declarar la independencia en caso de victoria. Desde el gobierno español se aferran al cumplimiento de la ley e incluso barajan medidas drásticas como suspender parcialmente la autonomía catalana según la prensa española.