La Justicia catalana procesa al expresidente del Parlament por desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha terminado la investigación de la causa contra el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y le ha procesado por un presunto delito de desobediencia cuando presidía la Cámara.

En el auto, consultado por Europa Press, la jueza instructora ha tomado la misma decisión para la entonces secretaria cuarta de la Cámara, Adriana Delgado; el exsecretario primero, Eusebi Campdepadrós, y el exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa.

Ahora, la instructora ha dado 10 días a las acusaciones y a la Fiscalía para que presenten sus escritos pidiendo llevar el caso a juicio o bien archivar la causa. Los cuatro están investigados a raíz de una querella de la Fiscalía por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar una propuesta de resolución contra la sentencia del 1-O y a favor del derecho a la autodeterminación, y otra tramitada el mismo día y que «reiteraba la reprobación» al Rey.

Todos fueron citados para declarar como investigados el 15 de septiembre pero se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Costa no se presentó al TSJC, por lo que días más tarde fue detenido para comparecer ante la jueza, y tampoco declaró.

Inviolabilidad parlamentaria

Acabada la investigación, la jueza instructora ve «apariencia razonable y suficiente de que los investigados y la investigada pudieran haber cometido uno o varios delitos de desobediencia grave«, un delito que se castiga con una multa y una inhabilitación para cargos públicos durante hasta dos años.

La jueza argumenta que la inviolabilidad parlamentaria de los diputados «se refiere únicamente a las opiniones y votos que emitan como parlamentarios en el ejercicio legítimo de sus funciones«, para proteger la libertad de expresión, pero rechaza que pueda enmarcarse en este caso.

Sometimiento a la ley, sin excepción

«Las democracias más avanzadas no solo se fundamentan en el principio de división de poderes, sino también en el compromiso de sus instituciones con el estado de derecho, que obliga a todos sin excepción a someterse al imperio de la ley y a sus formalidades para modificarla», mantiene la jueza ante la posibilidad de que las defensas que aleguen la inviolabilidad parlamentaria.

Añade que «el debido acatamiento y cumplimiento de las decisiones judiciales es presupuesto indispensable de la estabilidad del sistema» y tacha a los investigados de actuar con desprecio a la legalidad, en sus palabras.

Letrados del Parlament

La jueza también avisa que no puede argumentarse, con intención de archivar la causa, «que los servicios jurídicos del Parlament avalaron la postura de desconsideración a los mandatos del TC que implicó indiciariamente la admisión a trámite de las propuestas de resolución» que centran la investigación.

«En su momento el secretario y el letrado mayor advirtieron a la Mesa de la eventual contradicción de las iniciativas presentadas con las interlocutorias del TC, por más que pudieran hacerlo en algún concreto aspecto con una ‘humanamente comprensible’ falta de rotundidad», y la jueza sostiene que los investigados se negaron a pedir dictámenes formales a los servicios jurídicos antes de admitir a trámite las resoluciones.