Empresarios catalanes cargan contra el Govern por pagar 35 millones a una empresa ‘fantasma’

El informe contra el Gobierno catalán de la Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo independiente de la Generalitat, por haber gastado 35 millones de euros en mascarillas en marzo de 2020 a una empresa de forma irregular, con total opacidad y sin justificar la urgencia, ha suscitado el enfado de muchos empresarios catalanes del sector sanitario. «El Govern sí que podía comprar caro y mal y los importadores con experiencia no», explica Francisco Javier Candela a THE OBJECTIVE.

Candela es el portavoz de la plataforma de Empresarios Afectados por las medidas contra la Covid-19 (PEACovid-19). En aquellas mismas fechas las autoridades aduaneras le «amenazaron con confiscar» pedidos realizados de material sanitario de fábrica directo por valor de 500.000 euros. Posteriormente, la administración catalana pagó por el mismo material «10 veces más» del precio inicial y, según la investigación de Antifraude, la contratación de la empresa Basic Devices SL, a quien se pagó 35 millones, fue irregular.

Estas nuevas informaciones han suscitado el enfado de muchos empresarios y directivos del sector sanitario, que tildan de «vergonzoso» lo que ha sucedido en Cataluña y lamentan que el Govern apenas haya dado explicaciones al respecto. Candela, además, explica su caso personal, cuando su empresa de importaciones tuvo que echar el cierre por la falta de ayudas de la administración durante la pandemia.

Empresas tapaderas

«Entre finales de febrero e inicios de marzo de 2020, con mi sociedad de comercio exterior tenía planteados la compra de cinco contenedores de material sanitario porque veía lo que pasaba en China e Italia. Desde Aduanas, el 16 de marzo, me comunicaron que se había recibido una notificación de posibilidad de confiscación de material sanitario y el consejo que me daban era que no me arriesgara. El Gobierno podría tardar nueve meses en pagarme y por el precio que ellos quisieran, no por el precio de coste», abunda Candela.

Tras conocerse el varapalo de Antifraude a la Generalitat dice «entenderlo todo». Considera que se optó por empresas desconocidas, que en algunos casos se sospechó de que tenían vínculos con los políticos, antes que trabajar con importadores expertos que llevaban tiempo negociando con el país asiático.

De acuerdo con la documentación facilitada por el empresario catalán, uno de estos pedidos fue a la empresa china Xiamen Richer Plastic, el 23 de marzo de 2020, y otro con Zheijang Puwei Techonology, el 26 de marzo de ese año. No obstante, tuvo que cancelar los pedidos por la amenaza de que el Ejecutivo, con el estado de alarma ya en vigor, pudiera sustraerle el pedido.

Facturas infladas

Muchos otros empresarios que Candela representa a través de PEACovid-19 se encontraron en la misma situación. Para el empresario catalán lo que ha sucedido a escala nacional, no solo en Cataluña, es un «fraude», ya que ellos tenían facturas del dinero que se pedía por mascarillas y otro tipo de material sanitario y luego las facturas hechas públicas por el Gobierno eran por importes muy superiores y «a empresas de nueva creación».

«Vimos que muchas empresas recibieron contratos millonarios y multiplicaba por 10 el coste real de las fabricas en China. Hubiera sido más fácil y transparente hacer el pedido a través de la Cámara de Comercio que tienen el contacto directo con fábricas que son fiables», denuncia.

Su empresa, New Trade Concept Import Export S.L.U, situada en Sant Boi de Llobregat, se dedicaba a importar de las mismas fábricas chinas material 100% biodegradable y compostable. De hecho, fue pionero en despachar en el Puerto de Barcelona material desechable procedente de China, hasta el punto de que se tuvo que crear un nuevo código arancelario.

Con la llegada del virus a nuestro país, Candela iba a empezar a traer por primera vez esa línea de productos sanitarios: «Recuerdo hasta hablar con el jefe de la Policía Local en Castelldefels sobre que tenía una importación preparada y que tenía una nave para la mercancía. En ese momento faltaban mascarillas, pero no pude donarlas por el alto riesgo de confiscación y las pólizas de comercio exterior en cuanto a nivel de financiación las tienes que devolver en dos o tres meses».

Lo que más reprocha a las autoridades pública es que «tardaran meses en empezar a traer material», en un momento en el que se infectaban y morían médicos y sanitarios que «llevaban como escudo contra el virus tristes bolsas de basura y otros raros objetos». Asegura que la mayoría de empresarios no querían lucrarse con esta mercancía, sino aportar su «granito de arena» -con «donaciones» incluidas- y agilizar unas gestiones que, a su juicio, la intervención pública obstaculizó: «En el principio había fluctuaciones de precio normales, pero luego con la entrada de los gobiernos regionales, los precios se multiplicaron por 10». Además de entrar nuevos agentes en el mercado sin experiencia.

De hecho, se crearon iniciativas como CovidWarriors, una asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales, altos directivos y mecenas, de todos los ámbitos, unidos en la lucha contra el virus.

Tres contratos del Govern

En plena competición por la llegada de la covid-19 a España, el Govern salió a los mercados a buscar todo tipo de equipación sanitaria: mascarillas, equipos de protección individual (EPI) o guantes protectores. La dificultad para encontrar proveedores propició el contacto con estas compañías que, sin experiencia previa, se ofrecieron a hacer de intermediarios.

La conselleria de Salud asignó tres contratos públicos a Basic Devices. La operación se llevó a cabo a través del Institut Català de la Salut (ICS), que en esa etapa dirigía Josep María Argimon, actual titular de Salud.

Según el informe de la Oficina Antifraude, ese encargo fue «temerario» y por esta razón ahora pide explicaciones al Ejecutivo autonómico. Cabe destacar que la propia Generalitat denunció a la empresa por «estafa», aunque posteriormente retiró su demanda. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, pidió que se aclararan las «dudas» sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pese a afirmar desconocer el dictamen de Antifraude.