La Generalitat vulneró los derechos de los alumnos al priorizar el catalán en selectividad

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha resuelto que priorizar el catalán al repartir los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2021, como preveían inicialmente las instrucciones de funcionamiento de la Generalitat catalana, vulneraba los derechos fundamentales de los estudiantes.

En el auto, recogido por Europa Press este miércoles, la Sala Contenciosa del TSJC ha estimado en parte un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que había criticado el funcionamiento de las PAU de 2021.

Así pues, ha anulado la parte de las instrucciones de funcionamiento de la selectividad que fijaban dar los exámenes en catalán excepto si algún alumno pedía lo contrario, porque lo considera una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y la libertad.

Los exámenes deben estar disponibles en las tres lenguas cooficiales

Por este mismo recurso, el 7 de junio de 2021 el tribunal ordenó de forma cautelar que los exámenes estuvieran disponibles en las tres lenguas cooficiales –catalán, castellano y aranés– porque la elección de la lengua de los enunciados «no puede venir determinada por la Administración».

Los magistrados han asegurado que cuando se reparten los enunciados únicamente en catalán y se obliga al alumno a demandarlo en otra lengua, «le lleva a significarse respecto de los demás examinados».

«La labor de la Administración educativa es ofrecer de forma imparcial e igual, sin preferencia entre lenguas, los enunciados al comienzo de los ejercicios», ha añadido el tribunal.

En la causa también han comparecido la Associació Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer, la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat de Barcelona (UB).

Solo un 10% en castellano

Durante los días que se realizaron las pruebas, los colectivos críticos con la imposición del catalán estimaron que los profesores encargados de supervisar las pruebas solo llevaron un 10% de exámenes en castellano. Denunciaron que era una medida para inhibir a los alumnos de pedir copias de la prueba en esa lengua y así dar la apariencia que no es una demanda real de los estudiantes.

En la misma línea, el hecho de que se obligara a los alumnos a «alzar la mano» para pedir la copia del examen en castellano también fue interpretado como una forma de señalar al alumno en público y vulnerar con el principio de igualdad que debe regir este tipo de pruebas.