Los policías reclaman a Marlaska que defienda a los 45 agentes procesados por el 1-O

Los principales sindicatos de policía han expresado en las últimas 48 horas su malestar con el Gobierno de España y, en concreto, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no defenderles tras conocerse el procesamiento de 45 agentes por su intervención durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 (1-O).

De forma encadenada, las distintas centrales han tenido palabras, de forma más o menos explícita, contra el Ejecutivo, ya sea por «abandonarles a su suerte» o directamente por no «salir en defensa» de estos policías que se enfrentan a un posible delito de torturas, contra la integridad moral o lesiones.

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, JUPOL, ha señalado directamente al titular de Interior para que defienda a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía procesados por el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona por «hacer su trabajo» para impedir la votación tumbada por el Tribunal Constitucional.

«Exigimos al ministro del Interior que, de una vez por todas, salga en defensa de sus policías nacionales y que deje de ponerse del lado de los sediciosos y los delincuentes», han defendido. El sindicato también ha explicado en su comunicado que ha puesto a disposición de estos 45 policías sus servicios jurídicos, «para que puedan defenderse ante un nuevo ataque».

«Bailar el agua a los sediciosos»

A través de sus redes sociales, Aarón Rivero, el líder del sindicato, se ha dirigido a Marlaska para preguntarle si no «va siendo hora de ponerse al lado de los policías y dejar de bailar el agua a sediciosos y delincuentes».

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su «indignación» y «estupefacción» por el procesamiento de estos agentes. Y, de forma velada, ha reprochado que «no se puede utilizar a los policías cuando interesa y abandonarlos a su suerte igual que hicieron cuando caían piedras sobre sus cabezas y el fuego corría por las calles de Cataluña».

«Desamparo institucional»

El sindicato ha recordado que algunos responsables de aquellos hechos han sido indultados y «otros han visto cómo sus causas fueron sobreseídas o archivadas», por lo que considera que se está «persiguiendo» a un grupo de agentes que se desplazaron bajo órdenes de preservar la «estabilidad democrática».

Dicho esto, el SUP ha pedido que el procedimiento acabe con la libre absolución de los procesados que se «limitaron a realizar su tarea de salvaguardar la Constitución y que ahora se ven juzgados por hacer cumplir la ley».

En la misma línea, en sus redes sociales no han dudado de calificar de «desamparo institucional» la situación en la que se hallan estos agentes. Es decir, apelando a las autoridades a que protejan a sus funcionarios.

En paralelo, la Confederación Española de Policías (CEP) ha lamentado que estaban personados como «acusaciones» en esta causa judicial «la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona. «No nos extraña porque en CEP llevamos años denunciando los planes independentistas, que pasan por eliminar la presencia de Policía Nacional en esa comunidad autónoma».

Auto del juez

En su auto, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona da un plazo de 40 días a las acusaciones y defensas para que presenten sus escritos de calificación o soliciten el archivo de la causa abierta a los agentes, a los que imputa «cargas desproporcionadas» en 25 escuelas de Barcelona que acogieron urnas del referéndum unilateral.

Uno de los casos destacados por el magistrado es el de las Escoles Pies de Sant Antoni, donde considera «especialmente violenta y desproporcionada» la actuación de los agentes que actuaron en este centro: «Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios».

Para el juez instructor, de la investigación llevada a cabo, que se ha prolongado más de cinco años, se desprende que los policías imputados pudieron incurrir no solo en «delitos leves o menos graves de lesiones», sino también en los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal: torturas y contra la integridad moral.