Los 'espías del recreo' recibieron dos millones del Govern de 2019 a 2021
La Plataforma per la Llengua envió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo para vetar una audiencia crítica con el modelo de inmersión lingüística
Audiencia sobre la inmersión en la Eurocámara | UE
El Gobierno de la Generalitat ha subvencionado con 1.935.000 euros a Plataforma per la Llengua, la entidad que se camufló en las horas del recreo de las escuelas para conocer la lengua de comunicación entre el alumnado como parte de unos polémicos estudios lingüísticos. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, estos importes se repartieron en tres ejercicios: en 2019, el Govern financió con 535.000 euros a la entidad; en 2020, con 760.000 euros y, en 2021, con otros 640.000 euros. Lo que suman casi dos millones de euros en tres años.
En una respuesta parlamentaria al diputado no adscrito Antonio Gallego, el Ejecutivo catalán detalla esta financiación «de acuerdo a lo que establece el artículo 166 del Reglamento del Parlamento de Cataluña». Precisamente esta entidad, que se autodefine como ‘ONG del catalán’, envió el pasado lunes 27 de febrero una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, para tratar de impedir un debate sobre el modelo de inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña por parte de la comisión de peticiones de la Eurocámara (PETI) que preside la dirigente del PP Dolors Montserrat.
Como informó este periódico, esta audiencia pública con profesores y expertos sobre el tema, El modelo de inmersión lingüística en Cataluña (España), que se celebró el martes 28 de febrero, representaba el preámbulo de la visita a España de una legación de europarlamentarios para supervisar sobre el terreno la discriminación y la politización en las escuelas catalanas. Y, en la particular pugna para que no se cuestione el modelo de inmersión lingüística, desde el Govern y sus entidades afines, buscan la manera de impedir que Bruselas ponga el foco sobre este asunto.
Pinza de PSOE e independentistas
De hecho, este martes el grupo socialdemócrata europeo, al que se adhiere el PSC, y el de los verdes, que integra a ERC, dieron plantón a la audiencia que debía debatir sobre el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. El evento transcurrió con la participación solo de populares, liberales y derecha, además de distintos expertos y profesores universitarios.
En una intervención al inicio de la audiencia, la diputada verde danesa Margrete Auken anunció que los eurodiputados socialistas, verdes y de izquierda no participarían en el acto, abandonando la sala, tras criticar la «manipulación» que hace la presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, de este foro parlamentario y acusarla de promover los intereses partidistas de PP, Ciudadanos y Vox.
En este momento, eurodiputados como Jordi Solé (ERC), Clara Ponsatí o Carles Puigdemont (Junts y no adscritos a grupos) se levantaron de la silla. Por parte del PSOE o Unidas Podemos, directamente no acudieron a la audiencia.
Carta a Roberta Metsola
En la carta enviada a Metsola, Plataforma per la Llengua denuncia que «la audiencia organizada por Montserrat atenta contra los mismos intereses generales del Parlamento Europeo, que puede ver menguar la confianza que depositan los ciudadanos, y va en contra de los posicionamentos del relator especial de la ONU para las minorías, Fernand de Varennes».
Como informó THE OBJECTIVE, el relator Varennes, a quien hacen mención como fuente de autoridad, fue galardonado por una entidad que recibió 277.635,06 de euros en subvenciones de la Generalitat, según aparece en el registro de subvenciones y ayudas de Cataluña (RAISC). Y mientras que defiende a la «minoría catalana», no se ha pronunciado nunca sobre la situación de las minorías en Rusia.
Activismo en Cataluña
La autodenominada ‘ONG del catalán’ concentra la mayoría de sus acciones y campañas en territorio catalán. Gracias, en buena parte, a la financiación pública que recibe. Algunas de sus últimas campañas han consistido en señalar a 200 profesores universitarios por no usar la lengua catalana en las aulas o en denunciar a locales y establecimientos que no tienen sus menús o información en esta misma lengua.
Con todo, tal y como avanzó este periódico, la Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente de la Generalitat, ha sancionado desde 2019 a 150 empresas por vulnerar «los derechos lingüísticos de los consumidores» o «incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa». Muchos de estos expedientes sancionadores se han iniciado por denuncias procedentes de de Plataforma per la Llengua y que han ayudado al Govern a recaudar 244.000 euros de 2019 a 2021.
