Los dos años que ERC dio a la mesa con el Gobierno llegan a su fin sin avances ni logros
El pacto de investidura de Aragonès con la CUP fijaba retomar el choque con el Estado si en este periodo de tiempo no se daba una solución al «conflicto político»
Pedro Sánchez y Pere Aragonès. | Europa Press
Pere Aragonès accedió a la presidencia de la Generalitat tras un pacto de investidura con la CUP en el que se comprometía a dar un margen de dos años a la mesa de diálogo entre gobiernos para hallar una solución al «conflicto político» en Cataluña. El lapso de tiempo finalizaba este 21 de marzo, cuando el Govern debía dar por rotas las conversaciones y recuperar el choque institucional con el Estado, con el fin de avanzar en el objetivo secesionista. Este pacto con sus socios independentistas, no obstante, ha quedado en papel mojado tras la salida de Junts per Catalunya del Ejecutivo autonómico y la negativa de la CUP a apoyar los últimos presupuestos de la Generalitat.
El Govern en solitario de ERC aspira a volver a reunir la mesa cuanto antes, aunque es consciente de que, al ser año electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere demorarla. De hecho, fuentes de ERC consultadas en enero por THE OBJECTIVE expresaron sus sospechas de que el Ejecutivo buscaba «congelar» la agenda catalana en 2023 ante el temor de que le pase factura en las elecciones municipales de mayo y generales de diciembre.
Los republicanos reprochan a Sánchez que crea que ya ha cumplido con su ‘política del reencuentro’ con la concesión de los indultos, la derogación de la sedición y la rebaja de penas por la malversación y los cambios en el Tribunal de Cuentas, que investiga el desvío de fondos de varios líderes del procés. Y piden dar pasos hacia un referéndum pactado para demostrar a su electorado que las negociaciones permiten avanzar en la agenda de la autodeterminación.
«Despilfarrar el 52% del independentismo»
Los últimos comicios catalanes de febrero de 2021 cosecharon una abstención récord, con la participación más baja desde 1980. Esto permitió a los partidos independentistas superar el umbral del 52% de los votos, un hito que se les resistía hasta la fecha. Las principales entidades independentistas aprovecharon esta mayoría electoral -que no social- en favor de la secesión de Cataluña para presionar a ERC, Junts y la CUP de recuperar el plan rupturista.
Pese a que en un primer momento ERC se comprometió a hacer valer esta «mayoría del 52%», las discrepancias con Junts y su acercamiento al PSC de Salvador Illa han congelado esta supuesta mayoría parlamentaria. A este respecto, tanto Junts como la CUP, así como las entidades independentistas, reprochan a los de Aragonès de haber «despilfarrado el 52%» con sus pactos con Sánchez.
Dos años sin solución al «conflicto»
Este periodo de dos años que la CUP ofreció a ERC a cambio de la investidura de Aragonès preveía un giro de 180 grados a la legislatura, hacia una nueva confrontación con el Estado si no se había hallado una solución al «conflicto político». Dicha solución debía pasar por la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación. Sin vías intermedias.
Como ha quedado constatado, las únicas soluciones que se han puesto sobre la mesa han sido personales, con indultos a los condenados por el procés independentista. Un hecho que suscitó las críticas de Carles Puigdemont desde Waterloo al desmarcarse de ERC cuando afirmó que no aceptaría «soluciones personales para los exiliados».
El acuerdo entre ERC y la CUP hablaba de dos fases en esta misma legislatura. La primera, de «acumulación de fuerzas» y la segunda, de «confrontación democrática». En la primera fase, de dos años de duración, las anticapitalistas se comprometía a aceptar la mesa pese a su escepticismo sobre las posibilidades de éxito. No obstante, en la segunda fase -que debía comenzar esta primavera-, el compromiso era recuperar el pulso en las calles y reactivar el procés independentista. Por su parte, ERC aseguraba en dicho pacto que no iba a «dilatar la mesa innecesariamente».
