Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por fraccionar contratos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a cuatro años y medio de prisión a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, por fraccionar hasta 18 contratos para adjudicarlos a dedo. Los hechos tuvieron lugar entre 2013 y 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Los propios magistrados han pedido al Gobierno un indulto parcial para rebajar la pena a dos años. De esa forma la dirigente, suspendida como presidenta del Parlamento catalán, no tendría que entrar en la cárcel. Se trata de un mecanismo previsto por la ley cuando el tribunal considera la condena excesiva.

La sentencia, adelantada por El món, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Cuenta con el voto particular de una de las magistradas, María Jesús Manzano, que se opone a la pena de prisión de Borràs. En su opinión, la dirigente independentista solo debería ser condenada a inhabilitación. La condena a la presidenta de Junts también incluye una pena de 13 años de inhabilitación, por lo que no podrá volver a su escaño, aunque sí seguir al frente de su partido.

Los magistrados consideran que Borràs incurrió en un delito de prevaricación al otorgar al informático Isaías Herrero 18 contratos por valor de 335.000 euros para poner en marcha y mantener las webs de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). «Acordamos dividir el trabajo en varios contratos», declaró Herrero ante el tribunal.

Borràs y los presupuestos «comparsa»

El beneficiario de esos contratos también afirmó que la presidenta del partido de Carles Puigdemont pidió que presentara tres presupuestos «comparsa» para cada trabajo con el objetivo de simular la concurrencia de ofertas. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, denunció entonces que el resto de defensas habían roto la estrategia conjunta, después de que sus clientes reconocieran el fraccionamiento de los contratos con el objetivo de evitar el ingreso en prisión.

Boye aseguró que Borràs quedaba en una situación de «indefensión» y acusó de parcialidad al presidente de la Sala, el juez Jesús María Barrientos. La presidenta de Junts ha sido juzgada por prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía pedía seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, mientras que ella defendía su inocencia. En su opinión, en este juicio era una víctima de «la persecución política».

Borràs aseguró durante la vista que nunca supo y ni tan siquiera imaginó que se le investigara, no solo porque era aforada en el momento que trascendió el caso (era consejera de Cultura), sino porque su labor al frente de la ILC fue «correcta, legal y perfectamente razonable» y llevada a cabo siempre «con los criterios que marca la administración». Sin embargo, la contundencia de las pruebas se ceñían sobre ella.

La dirigente independentista intercambió diferentes correos electrónicos con Herrero desde que llegó a la ILC en 2013. En esos emails Borràs daba indicaciones sobre cómo elaborar distintos presupuestos para simular varios ofertas cuando, en realidad, solo existía un único encargo. El beneficiario afirmó a los magistrados que se aprovechó de contratos encubiertos que fueron fraccionados indebidamente.

Los dos acusados, Isaías Herrero, beneficiario de los contratos, y Andreu Pujol, que le ayudó a preparar los presupuestos, llegaron a un pacto con la Fiscalía. Confesaron su implicación y aceptaron penas de dos años y de un año y dos meses de prisión respectivamente, por lo que evitarán entrar en la cárcel. Tras conocer la sentencia, Borràs ha anunciado una comparecencia para valorar el fallo.