La Justicia catalana inhabilita un año a Serret por desobediencia en la organización del 1-O
En el juicio, la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat reclamó su absolución y sostuvo que el referéndum no fue un delito
La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret | David Zorrakino (Europa Press)
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, por presunta desobediencia en la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017, cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también le impone una multa de 12.000 euros, con una cuota diaria de 50 euros durante ocho meses y con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas.
Serret fue juzgada el 29 de marzo, y en el juicio reclamó su absolución, declaró que actuó obedeciendo el «mandato democrático» de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, y sostuvo que el referéndum no fue un delito.
La sala considera probado que, cuando no había sido nombrada miembro del Govern, se inició «un proceso de independencia y de creación de una República catalana de acuerdo con las formaciones políticas surgidas de dichas elecciones y en cuyo programa llevaban dicho ideario y finalidad».
Tras las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, se nombró a Serret consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y fue cesada el 27 de octubre de 2017.
«Deber de impedir o paralizar»
En marzo de 2017, cuando ya estaba en el cargo, por providencia del Tribunal Constitucional (TC) se indicó a todos los miembros del Govern «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer, ignorar o eludir la suspensión acordada». También se les notificó que se abstuvieran «especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum».
La sentencia constata que el 9 de junio de 2017, el entonces presidente Carles Puigdemont anunció la fecha y pregunta del 1-O: ‘¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de República?’.
En septiembre de 2017, Serret, junto a los otros miembros del Govern que han sido objeto de enjuiciamiento en otra causa ante el Tribunal Supremo (TS), «desatendió de forma consciente el requerimiento del TC» y firmó el decreto de convocatoria, aunque el TC suspendió su aplicación y declaró la inconstitucionalidad y nulidad.
«La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado por dicho TC, decidiendo, por ello, no llevar a cabo actuación alguna para dejar sin efecto las normas impugnadas», añaden los magistrados.