Francia prohíbe el uso del catalán en los plenos municipales que relegaron el francés

El Tribunal Administrativo de Montpelier ha dictaminado que es inconstitucional utilizar el catalán en los plenos municipales de los cinco ayuntamientos del sur de Francia que decidieron priorizar la lengua catalana en detrimento del francés. Como informó THE OBJECTIVE, los gobiernos locales de Elna, Amélie-les-Bains-Palalda, Port-Vendres, Tarerach y Saint André emprendieron cambios en sus respectivos reglamentos para que se debatiera en catalán, pero ahora la justicia francesa ha tumbado esta modificación normativa y les da un plazo de tres meses para corregir la situación.

El tribunal argumenta que el hecho de priorizar el catalán y traducir las intervenciones al francés sitúa la lengua oficial de la República en un idioma de segunda categoría. Y que va en contra de la Constitución francesa que no se respete la «primacía de la lengua francesa»: «La primacía de la lengua francesa se pone en cuestión por el reglamento interno cuando se prevé que la expresión de los concejales municipales sea primero en catalán con una traducción posterior al francés».

Por contra, la defensa de varios de los ediles acusados consideraban que no era relevante el orden de los idiomas ya que se efectuaba una «traducción integral y sistemática» al francés en los documentos oficiales y era la única lengua con validez jurídica.

En la misma línea, los alcaldes que se han pronunciado lo han hecho en la dirección de criticar la decisión de la justicia francesa por considerar que se vulneran los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en esas regiones del sur de Francia y se plantean recurrir en segunda instancia. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Elna, gobernado por Nicolas Garcia, se convirtió hace un año en el primero en cambiar el reglamento para que las sesiones plenarias pudieran desarrollarse en ese idioma.

Denuncia del prefecto de los Pirineos Orientales

La resolución judicial parte de un recurso que presentó el prefecto de la región de los Pirineos Orientales, Rodrigue Furcy, ante los tribunales al considerar que socavaba la «jerarquía entre la lengua oficial y las regionales».

Furcy envió una carta a los ayuntamientos que habían modificado sus reglamentos con el fin de que restablecieran la legalidad de forma voluntaria. Algunos equipos locales recularon tras esta advertencia y a los cinco que no lo hicieron se les abrió la causa judicial.

En su denuncia, el prefecto sostuvo que «cualquier factor susceptible de socavar los principios fundamentales de la República y la jerarquía entre la lengua oficial y las regionales debe ser analizado como un elemento de identidad cultural que no debe prosperar en las asambleas deliberantes de los ayuntamientos».

Macron, en contra de la cooficialidad

El propio presidente de la República dejó claro durante su primer mandato que la única lengua oficial de la nación era el francés. Lo dijo desde Córcega en su primer año de legislatura tras un viaje a la isla para aceptar una reivindicación del nacionalismo corso: el reconocimiento de la singularidad y especificidades de la isla en la Constitución francesa. 

En la misma línea, 60 diputados de su formación, La República en Marcha, presentaron un recurso ante el Consejo Constitucional (el Tribunal Constitucional francés) contra la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar una ley para proteger las «lenguas minorizadas» -como el catalán, el euskera, el occitano, el corso, el alsaciano o el bretón- y facilitar de este modo la inmersión lingüística en las escuelas de las regiones donde se habla alguna de estos idiomas.