Fuga de inmobiliarias y promotoras de Cataluña por las trabas a la vivienda
Medidas como el tope a los alquileres o el 30% de vivienda social en todas las construcciones alejan a las empresas
Promoción de viviendas. | Archivo
La situación del mercado inmobiliario en Cataluña se ha vuelto insostenible para muchas empresas del sector. Las trabas administrativas y las políticas restrictivas han provocado una fuga de empresas del sector inmobiliario, en particular de promotoras, lo que puede frenar aún más la construcción de pisos de obra nueva. El éxodo se debe a las políticas de vivienda aplicadas en la región en los últimos años, restricciones que no existen en otras comunidades.
Promotoras como La Llave de Oro, o más recientemente Asperia, han decidido reducir el peso de sus operaciones en Cataluña o, directamente, dejar este territorio para centrarse en ciudades como Madrid o Málaga. En el caso de los inversores o fondos internacionales, algunos han optado por irse de Barcelona manteniéndose en otros puntos del país, mientras que otros han reducido su presencia en España por la inseguridad jurídica y la okupación.
En el caso catalán, tanto las políticas impulsadas por Ada Colau en Barcelona -obligatoriedad de destinar un 30% de los nuevos edificios a vivienda social- o por la Generalitat a escala autonómica -control de alquileres, apoyo a los okupas y nula promoción de pisos públicos- han provocado tanto un incremento del 50% en los precios del alquiler en la Ciudad Condal como un parón en la construcción de nuevos inmuebles, agravándose el problema de falta de oferta. El acuerdo de investidura de Salvador Illa suscrito entre el PSC y los Comunes resucita el tope a las rentas con sanciones a los propietarios, algo que genera preocupación en el sector.
El PSC sigue la estela de ERC
Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE), asegura que «demasiadas se van, y es una realidad que va en aumento. Es nefasto para la accesibilidad, que depende del valor y los salarios». Vilajoana destaca que la construcción representa el 10% del empleo en Cataluña y que la falta de actividad económica afecta directamente a los salarios y al empleo. «Cualquiera que inicie alguna promoción en Barcelona, dependiendo de la zona de Cataluña, ya sea en venta o alquiler build to rent, es un valiente», afirma.
Según Vilajoana, las empresas se van, y, si la situación mejora, esta tendencia puede revertirse, ya que Cataluña seguirá siendo un país de oportunidades. «Mientras la creación de hogares siga adelante, se necesitarán promotoras», añade. Sin embargo, critica que las medidas aprobadas hasta ahora han tenido consecuencias contrarias a las pretendidas. «Me sorprende el acuerdo de investidura. Leyendo sobre materia de vivienda, ¿dónde está la huella socialista o nueva? Cuando hay un cambio de gobierno, tienen que cambiar cosas, pero aquí se ahonda en lo mismo. Se parece al enfoque de ERC. ¿Dónde está el hecho diferencial socialista?», se pregunta Vilajoana.
La eterna promesa de las 50.000 viviendas
Carles Sala, director del Área Jurídica y portavoz de COAPI, coincide en que la política de vivienda de los últimos años se ha centrado demasiado en sancionar y criminalizar a la propiedad privada. «La administración, a corto y largo plazo, no podrá paliar la situación de vivienda asequible sin la aportación de los propietarios al mercado de alquiler que se necesita», asegura Sala. La demanda de vivienda en alquiler es auténtica, pero las medidas coercitivas han desincentivado a los propietarios. «La gentrificación provocada no es solo de personas, sino también de promotores que deberían promover la construcción de vivienda», explica.
Sala advierte que combinar medidas coercitivas con otras sin la presión adecuada de la administración y políticas públicas de vivienda nos aboca a una situación de colapso, dificultando aún más el acceso a la vivienda. «Las sanciones desincentivan a las personas que no quieren problemas, de forma que no ponen sus propiedades en alquiler», añade. Las viviendas que reciben las personas, ya sea por herencia o como nuevos propietarios, prefieren ser vendidas o destinadas a familiares en lugar de ser alquiladas, y esto no ayudará en absoluto a resolver la situación. «Se espera construir 10.000 viviendas el próximo año, pero hace falta un esfuerzo mucho mayor. Durante cuatro años, se planea construir 55.000 viviendas; si miramos atrás, Montilla ya prometió 50.000 en 2007-«, recuerda Sala.
La falta de incentivos y la presión administrativa han llevado a muchos propietarios a vender sus viviendas en lugar de alquilarlas. «Las sanciones desincentivan a las personas que no quieren problemas, de forma que no ponen sus propiedades en alquiler», explica Sala. Además, critica que las medidas de tope de alquiler no han funcionado en ningún lugar y que solo reducen la oferta y la calidad del parque de viviendas a largo plazo.
«No puede ser que la vivienda pública esté en la primera línea del debate político y en la última del debate presupuestario», afirma. Sala subraya la importancia de la colaboración público-privada para solucionar la crisis de vivienda en Cataluña. «La administración pública, por sí sola, no podrá alcanzar las cifras prometidas con promociones públicas como las de Incasòl», asegura. Es necesario que haya seguridad jurídica en el modelo para asegurar que los números sean sostenibles para la parte privada. «Se necesitan más recursos del ICO, ICF y del BEI para financiar este parque de viviendas», añade.
Arantxa Goenaga, abogada especialista en derecho inmobiliario y socia del despacho AF Legis, también señala que las políticas actuales desincentivan la inversión. «Como siempre, se trata de políticas que buscan el voto fácil y que lo único que consiguen es desincentivar la inversión», afirma Goenaga. La mayoría de los propietarios son pequeños propietarios que prefieren vender sus viviendas antes que enfrentarse a las complicaciones del alquiler. «Por mucho que quieran legislar sobre los contratos de temporada, debe ser a nivel estatal porque la ley de arrendamientos urbanos no es autonómica», explica.
Goenaga critica que se quiera mantener el tope del alquiler, cronificarlo, cuando la ley dice que debe revisarse cada tres años y se producirá en función de las circunstancias económicas de ese momento. «Con el tema de la VPO lo mismo, es a los poderes públicos a los que les corresponde buscar soluciones y promocionarlo y no hacerlo recaer en los promotores y en definitiva en la ciudadanía», añade. Goenaga advierte que el efecto adverso de normas como la ley de la vivienda ya se ha evidenciado, pero lamenta que los políticos viven en una realidad paralela.
