Junts vuelve a plantar a Sánchez: no apoyará el 'tasazo' energético tras la presión de Repsol
Los independentistas temen que el impuesto haga peligrar puestos de trabajo en la planta petroquímica de Tarragona.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Nuevo desplante de Puigdemont al Gobierno. Junts ha comunicado al Ejecutivo socialista que no respaldará la aprobación del impuesto a las energéticas si se pretende convertirlo en un gravamen permanente, según informa Crónica Global. La postura de los independentistas compromete la mayoría necesaria para consolidar la tasa, que fue introducida de manera provisional en 2022.
La posible paralización de inversiones de Repsol en la petroquímica de Tarragona, como ya ha insinuado la compañía, ha llevado a Puigdemont oponerse a este impuesto. Según Junts, su postura responde a la prioridad de defender los intereses de la región: «Nuestro único compromiso es con Cataluña».
Jordi Sendra, representante de Junts en Tarragona, destacó que su partido «está absolutamente en contra de castigar a las empresas que generan economía y ocupación, y que ya pagan impuestos». Además, añadió: «No podemos permitir la deslocalización, porque si esta inversión se hace, que se hará, la harán fuera de Tarragona. La harán en Portugal o la harán en Francia y no podemos perderla».
El movimiento de Junts se produce después de que la patronal catalana Foment instara a Salvador Illa a confrontar al Gobierno para evitar que el impuesto a las energéticas se perpetúe. Foment calificó la tasa de «maniobra confiscatoria» y pidió al Ejecutivo catalán que «tome todas las medidas que están en su mano para revertir» el impacto fiscal y evitar la fuga de inversiones. Ante la falta de acción por parte de Illa, Junts ha tomado la iniciativa para posicionarse como una alternativa al PSC y como el único defensor de los intereses catalanes.
Tras el paso dado por Junts, el Congreso ha decidido extender nuevamente el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que busca transformar el gravamen temporal en permanente. Originalmente, este debía expirar el 31 de diciembre, pero el período de enmiendas se ha extendido hasta el 30 de octubre. El Gobierno esperaba aprovechar dicho proyecto de ley para incorporar la permanencia del impuesto a través de enmiendas, siguiendo el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar.
La presión de las grandes empresas energéticas sobre partidos como Junts y el PNV está comenzando a surtir efecto. Andoni Ortuzar, líder de la formación nacionalista vasca, advirtió en una entrevista en TVE que la decisión de mantener las tasas a banca y energía podría suponer «matar a la gallina de los huevos de oro». Asimismo, subrayó la necesidad de una «fiscalidad estricta y justa». Su partido ha estado negociando con Moncloa para asumir la recaudación del impuesto en el País Vasco, lo que permitiría bonificaciones para empresas como Iberdrola y Repsol, con gran influencia en la región.
En Cataluña, la patronal Foment del Treball ha intervenido en el debate pidiendo al Govern de Salvador Illa que se oponga al impuesto. Repsol, que había dejado en el aire varios proyectos de inversión en Tarragona, tenía previsto construir allí dos grandes proyectos: la Ecoplanta, con 800 millones de euros para producir metanol y biometanol a partir de residuos urbanos, y un electrolizador de hidrógeno verde, valorado en 300 millones.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, también criticó la permanencia del impuesto extraordinario durante un evento en Santander, advirtiendo que «pone en duda inversiones milmillonarias» en España. Garamendi afirmó que está «en sintonía» con compañías como Repsol, Cepsa y otras empresas eléctricas en su rechazo al impuesto, según recoge Europa Press.
