Illa aprueba un plan para impulsar el catalán entre las personas mayores y los dependientes

La Generalitat pretende ganar 550.000 hablantes en lengua catalana para 2030. Para ello ha puesto en marcha el Pacto Nacional por la Lengua con 200 propuestas y 255 millones de euros para 2025, que saldrán de fondos propios de la Generalitat (con la previsión de invertir al menos 200 millones de euros anuales hasta 2030). Uno de los sectores en los que pretende impulsar el uso del catalán con diferentes medidas será el de la asistencia y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y dependencia, donde el Govern considera que el estado de la lengua es «precario».

«El estado de la lengua en el ámbito de la asistencia y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y dependencia es precario. Esta área incluye una variedad de servicios en expansión, que agrupan los servicios para personas mayores (servicios residenciales, centros de día, servicios de asistencia a domicilio y centros cívicos), los servicios para personas con discapacidad y el sistema de protección de la infancia, especialmente los centros residenciales y los servicios sociales básicos», se desprende del texto consultado por THE OBJECTIVE, en el que se dice que se prevé gastar casi 500.000 euros en 2025 para aplicar una serie de medidas con el objetivo de incorporar el catalán en este colectivo.

«En los próximos años aumentará significativamente el número de personas mayores, con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad que no hablan catalán, y que se incorporarán como usuarias de los servicios sociales. Es importante que el aprendizaje del catalán se perciba como un proceso más de enriquecimiento personal y se debe facilitar que pueda aprenderse y utilizarse», continúa el texto, que también hace mención al sector profesional que se ocupa de este colectivo.

Requisito lingüístico en procesos selectivos

Según el Govern, se trata de un sector profesional integrado en gran medida «por personas que llegaron a Cataluña siendo jóvenes o adultas» y, en consecuencia, «no pudieron aprender catalán en el sistema educativo y que viven en unas condiciones sociolaborales que dificultan el aprendizaje formal de la lengua catalana». Por ello, en 2025, según se desprende del texto del pacto, se llevará a cabo la ejecución del Plan de fomento del catalán del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, entre cuyas propuestas destacan el requisito lingüístico en procesos selectivos con apoyo formativo, subvenciones para formación en catalán del personal, formación continua en catalán y promoción de derechos lingüísticos, creación de recursos lingüísticos específicos, apoyo al uso del catalán en centros de día y residencias, inclusión de asociaciones de ocio y voluntariado en el fomento del catalán y herramientas accesibles para personas con discapacidades comunicativas.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con estas medidas son «formar progresivamente en conocimientos lingüísticos y sensibilización al personal del sector de la asistencia a personas mayores, personas migrantes, refugiadas y en situación de dependencia o vulnerabilidad, así como al personal del ámbito del hogar y de los cuidados, y del sector del acompañamiento a personas con discapacidades, con enfermedades mentales, adicciones o VIH», así como «fomentar el aprendizaje formal y no formal del catalán entre las personas usuarias dentro de las actividades de los centros». Para estas iniciativas, la Generalitat prevé emplear este año 443.775 euros, sin embargo, para varias propuestas el Govern aún no ha estimado su coste, con lo cual, el gasto previsiblemente podría superar los 500.000 euros.

La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) se ha pronunciado al respecto, y en conversación con este medio, su presidente, Ignacio Gamboa, señala que «elevar a grado de norma algo que cuando se precisa ya se hace y, sin embargo, no acometer otras urgentes necesidades, es desviar los esfuerzos». «Los servicios de atención domiciliaria requieren cada día de un número mayor de profesionales y las empresas demandan actuaciones que agilicen y faciliten el acceso y convalidación de los certificados de profesionalidad. Y ahí pedimos que se dirija el foco y los esfuerzos políticos».

Por su parte, DomusVi, compañía líder en España del sector sociosanitario, manifiesta su «predisposición» y «voluntad» para «promover el conocimiento y uso habitual del catalán en todos los ámbitos de nuestra actividad diaria». «En DomusVi entendemos la lengua como una herramienta de inclusión e integración, y de responsabilidad con el entorno en el que operamos. Nuestro compromiso se sustenta en la cooperación y el trabajo conjunto para hacer frente a este reto», indican a THE OBJECTIVE.

Un millón para implantar el catán en la sanidad pública

Otro de los ámbitos en los que pretenden impulsar el uso de la lengua será el sanitario, uno los sectores donde más se ha denunciado la escasa presencia del catalán. En total, el Govern prevé gastar este año más de un millón de euros (1.140.000 millones) «para garantizar el conocimiento y el uso del catalán en el sistema público de salud de Cataluña», como adelantó THE OBJECTIVE.

Según se desprende del documento, del cual se han descolgado Junts y la CUP al considerarlo insuficiente, la Generalitat destinará 640.000 euros a impulsar el uso del catalán en la sanidad pública a través de un conjunto de medidas que incluyen la elaboración de planes de gestión lingüística en todos los centros del Siscat, la formación obligatoria en sensibilización lingüística para los nuevos profesionales, y el diseño de itinerarios personalizados para que el personal sanitario acredite progresivamente los niveles A2, B2 y C1 de catalán, entre otras medidas.

Además, se gastarán 500.000 en el programa de formación del idioma para profesionales sanitarios ‘Prescríbete el catalán‘. Esta actividad ha resultado todo un fiasco desde su primera edición en 2024, como ha contado este medio. En la segunda edición del curso, que comenzó el pasado mes de abril, tan solo se inscribieron 1.640 personas, un 60% menos que en la primera edición, cuando se apuntaron 3.930 sanitarios.