Un mosso en excedencia lidera una asociación que critica al Estado por los atentados del 17-A

David Torrents, un agente de los Mossos d’Esquadra en excedencia, es el vicepresidente de la nueva asociación de víctimas de los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. La entidad se ha constituido bajo el nombre Associació 17-A: Volem Saber la Veritat  (‘Queremos saber la verdad’) y toma el relevo de la antigua Uavat con el objetivo de agrupar bajo su seno a todas las víctimas y llevar ante la justicia internacional el caso para «esclarecer las incógnitas» que, a su juicio, el Estado no ha querido investigar.

Su nuevo vicepresidente es un agente de los Mossos conocido en el entorno independentista. Estuvo en activo en el cuerpo policial de 2011 a 2014, coincidiendo con los años en los que se creó la denominada Unidad Central de Recursos Operativos (UCRO), encargada de realizar informes sensibles sobre políticos, periodistas y activistas sociales. Las fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE señalan a Torrents como uno de los miembros de esta unidad. Posteriormente, fue candidato de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Badalona y llegó a ser secretario de organización del partido.

En 2023 perdió su representación en el consistorio y desde entonces está comprometido activamente con la causa del 17-A. Torrents fue uno de los mossos que estuvo en Las Ramblas en día del atentado que segó la vida de 15 personas -entre ellas, dos niños de tres y siete años- y dejó otros 131 heridos, además de otra mujer asesinada en Cambrils. Se define como un agente especializado en terrorismo islámico y no le convence la versión oficial sobre la autoría del atentado.

Nueva estrategia: a través de Francia

Ahora, en una entrevista en Vilaweb, denuncia que España «no ha investigado a fondo» los atentados: «En el Estado español no se ha investigado el 17 de agosto de 2017. Es decir, el juicio de la Audiencia Nacional es sobre el 16 de agosto [la explosión de la casa de Alcanar], porque un miembro de la célula, Mohammed Houli, sobrevivió. No sabemos qué pasó judicialmente todos aquellos días, aunque la propia Audiencia se enmienda porque, en otros casos de terrorismo, sobre todo de la banda terrorista ETA, cualquier miembro de la célula o cualquier acción que se derivara, fuera antes, durante o después del ataque, se investigaba».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) archivó la demanda que presentaron contra el Estado. Pero Torrents considera que pueden pedir una «reconsideración» ante la justicia comunitaria una vez finalice la comisión de investigación de los atentados en el Congreso, ya que está emergiendo «información nueva». En esta comisión compareció el terrorista Mohamed Houli Chemlal, que acusó al CNI de «dejar» que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, creara la célula yihadista.

Por otro lado, el afán de «agrupar» a todas las víctimas abre una vía para que otros países, como Francia, quieran abrir una investigación. La mayoría de los fallecidos en ese atentado fueron extranjeros y no todos obtuvieron la condición de víctima: «Si tú eres una víctima francesa, el Estado francés te da mucho más apoyo y acompañamiento que el español. Es necesario que haya un mínimo denominador común en toda la Unión Europea, porque el tratamiento no es igual».

Una de sus peticiones será que se alargue el plazo legal para localizar y hacer el reconocimiento de la condición de víctimas, que en la actualidad es solo de un año. A juicio de Torrents, un año no es tiempo suficiente; muchos afectados no son conscientes de sus derechos y el Estado tampoco tiene mucho interés en informar de ello por una cuestión monetaria y de indemnizaciones.

La nueva asociación tiene como presidente a Javier Martínez, padre de uno de los niños que murió en Las Ramblas. El secretario es el abogado y exdiputado de Junts, Jaime Alonso Cuevillas, que lleva todos los aspectos judiciales para tratar de reabrir el caso.