Un ayuntamiento de Junts en números rojos crea una plaza de «técnico de la Agenda 2030»

El Ayuntamiento de Manlleu, gobernado por Junts per Catalunya, ha creado una nueva plaza de «técnico municipal de la agenda 2030» que ha suscitado el malestar en una parte de la oposición debido a la delicada situación económica que atraviesa el consistorio. La corporación municipal está bajo la tutela financiera de la Generalitat desde 2024 por haber tenido un déficit de 2,3 millones de euros en el ejercicio anterior, lo que supone que los gastos fueron más elevados que los ingresos (con un gasto real de 3,7 millones euros). Esta situación sitúa al consistorio bajo la supervisión de la Generalitat hasta el 2027, tras haber pactado un plan de saneamiento de sus cuentas.

En esa coyuntura económica poco favorable, el ayuntamiento ha abierto un nuevo proceso de selección de oferta pública que finaliza el próximo 15 de septiembre. Estas plazas son de distinta índole, como «técnico de trabajador social», «educador» o «técnico municipal de la agenda 2030». Aliança Catalana, que cuenta con un concejal en la oposición, ha sido el partido más crítico con que se creen nuevas plazas destinadas a asuntos que a su juicio no competen a la política municipal y que solo sirven a «agendas ajenas a los intereses de los catalanes».

Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan global adoptado en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pretende erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. Está compuesto por 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que deben cumplirse para 2030 y abarcan las esferas económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. 

Según ha confirmado THE OBJECTIVE, se trata de una plaza para la categoría A2, con un sueldo que puede oscilar entre los 25.000 y 35.000 euros brutos anuales. Si bien no se trata de una gran cantidad de dinero, las críticas por el desembolso de fondos públicos para crear una nueva plaza pública en esta materia ya se han hecho oír.

Aliança Catalana y su líder, Sílvia Orriols, lideran una batalla para recortar el gasto público en Cataluña. Y llevan tiempo cuestionando la gran cantidad de recursos que se destinan a la contratación de más empleados públicos o a asuntos que no consideran de primer orden, como la cuestión medioambiental.

Pugna de Aliança y Junts

El secretario de Organización y Finanzas del partido, Oriol Gès, ha sido de los más críticos. En un apunte en la red social X, ha reprochado que en un momento de «desorden financiero» Junts se plantee crear una plaza de esta naturaleza. Y denuncia que es un «nuevo cargo que se han inventado» para contratar a más personal público.

Aliança Catalana tiene la vista puesta en las elecciones municipales de 2027. Parte de su éxito pasa por crecer en los próximos comicios a costa de Junts. Ya ha logrado representación en municipios como Manlleu y ahora busca ampliarla. Su receta pasa por recortar el gasto público que consideran superfluo y renegar de las políticas de subvención o medioambientales que predominan a nivel europeo.

Por su parte, el alcalde de Junts, Arnau Rovira, afirma que sigue trabajando para que Manlleu sanee sus cuentas. Considera que están gestionando una situación heredara del anterior gobierno local de ERC. En verano de 2024, el edil envió una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para explicar la «situación económica» que atravesaba la ciudad: «La situación económica se suma a la complejidad social de nuestra villa, con más de un 25% de inmigración y una media de desempleo del 12,06% en el mes de junio, por encima de la media de la comarca».

Rovira informaba que su principal cometido era «revertir la situación económica de Manlleu» y denunciaba que cuando llegó a la alcaldía se había encontrado «unos gastos corrientes por encima de sus posibilidades» y responsabilizaba la «falta de crecimiento económico de los últimos 20 años». En este terreno, ahora Aliança Catalana intenta capitalizar sus apoyos.